Luego de que el lunes se realizaran alrededor de 30 allanamientos como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que "es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir".
Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.
La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Partido Obrero y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.
Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.
Cómo era el modus operandi de las extorsiones de los piqueteros
La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una "cuota" a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.
Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.
La “lista de espera”
El esquema de extorsión incluía diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en "listas de espera" para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los "beneficiarios comunes", que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los "delegados", que recibían doble o triple ayuda; y los "referentes", responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.
Los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y la Justicia en desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley.
Belliboni negó extorsión y denunció irregularidades: “No nos van a quebrar"
“Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, alertó el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Frente al Congreso, dirigentes de distintas organizaciones sociales hablaron en conferencia de prensa y negaron irregularidades. Dijeron que se trata de una “persecución política” del Gobierno de Javier Milei.
“Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Hoy, fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido. Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”, afirmó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de UTEP.
Una de las abogadas que defiende a las organizaciones indicó que "estos allanamientos se dieron en un contexto irregular, en clara persecución política, ante la presencia de niños y no hubo testigos. Se realizaron amenazas, actos intimidatorios cuando no había ningún tipo de resistencia”.
El propio Belliboni negó que existan amenazas de dar de baja planes por parte de las organizaciones si los beneficiarios no participan de movilizaciones. El piquetero apuntó contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, a cargo de las decisiones de cambiar los planes sociales y frenar el envío de alimentos a los comedores sociales, mientras realiza auditorías. “Pettovello miente en todo lo que dice y ella es la que da de baja planes sociales. Tiene el listado de cada persona que recibe los alimentos. Son unos mentirosos, unos ajustadores a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, lanzó.
Según lo informado en la conferencia, las organizaciones sociales le pidieron a la Justicia que levante el secreto de sumario para conocer el detalle de lo que se está investigando, además de las irregularidades que consideran que se cometieron durante los allanamientos.
