El diputado blanco Pablo Abdala presentó un pedido de informes ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que explique un convenio con la Dirección General de Registros (DGR) y dos designaciones por pase en comisión en áreas sensibles, decisiones adoptadas por la mayoría frenteamplista del Directorio en momentos en que se reestructuran sus áreas técnicas.
La solicitud apunta al centro de una decisión reciente del directorio de la Jutep de celebrar un convenio con la DGR pese a que la Asesoría Letrada de organismo había formulado observaciones jurídicas sobre su contenido.
En particular, la asesoría había recomendado que el acceso de la Jutep a la información registral se limitara a los procedimientos de investigación previstos en el artículo 17 de la Ley N° 17.060 (Ley Cristal). La mayoría desestimó esa recomendación que solo fue acompañada por el director en representación de la oposición, Luis Calabria.
Sobre esto Abdala señaló en su pedido de informes: “El convenio firmado con la Dirección General de Registros pone en riesgo las garantías, no solo de los funcionarios obligados a presentar su declaración jurada, sino de la población en general” porque “funcionarios designados en forma discrecional por la mayoría del Directorio van a poder acceder a toda la información registral de toda la población y de terceros que nada tienen que ver con la JUTEP. Es un instrumento de altísima peligrosidad, tan peligroso que se vuelve temerario.”
Ese antecedente no es leído como un hecho aislado por los nacionalistas, sino como un nuevo ejemplo de una tendencia que, dicen, se viene consolidando en la Jutep.
“La JUTEP sigue dando pasos en el camino de la manipulación y de la apropiación política del organismo. La mayoría del Directorio que protagoniza estos episodios confirma, con estos hechos nuevos, un proceso caracterizado por el exceso de discrecionalidad, ejercido en forma absolutamente arbitraria y con una finalidad nítidamente política y político-partidaria. Hay decisiones institucionales relevantes adoptadas sin consenso y prescindiendo de las advertencias técnicas formuladas por el propio cuerpo jurídico del organismo”, sostiene Abdala en su escrito.
El pedido de informes “se inscribe en un escenario más amplio que combina movimientos simultáneos. Primero, la erosión del rol técnico de la Asesoría Letrada, a partir de una reestructura interna que le resta peso institucional —se trata de funcionarias que ingresaron al organismo por concurso—. Segundo, la cobertura de funciones sensibles mediante pases en comisión, en lugar de cargos concursados. Tercero, la flexibilización de los criterios para acceder a datos patrimoniales reservados, sumada al nuevo convenio con la DGR, que ampliará las consultas sobre información registral. Es la combinación de esos factores —menos independencia técnica y más capacidad de acceso a información sensible— la que despierta preocupación”, agrega el parlamentario.
También sostuvo que en la decisión de aprobar dos pases en comisión por parte del organismo “queda en evidencia la discrecionalidad aplicada a la designación de funcionarios que son de confianza solo de la mayoría del Directorio, que los elige directamente y los destina a las áreas sensibles de asesoramiento institucional de la Junta. Es una conducta absolutamente polémica, cuando no censurable y rechazable.”
Abdala refiere a dos funcionarias que fueron solicitadas en pase en comisión: una abogada de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), cuyo destino proyectado sería la tramitación de las denuncias que recibe el organismo, y una escribana de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para el análisis patrimonial de las declaraciones juradas.
El pedido cuestiona que áreas técnicas estratégicas —el manejo de denuncias y el análisis de declaraciones juradas— se integren mediante designaciones directas y no por concurso u otro proceso competitivo.
Para los nacionalistas, “la figura del pase en comisión genera una dependencia funcional respecto de las autoridades que promovieron la designación, a diferencia de los cargos concursados, cuyo diseño procura garantizar mayor independencia técnica”. Además, en el pedido de informes Abdala consulta si existían vacantes de abogado en la Junta y por qué no se realizó el llamado correspondiente antes de recurrir al pase en comisión.
En paralelo, la mayoría de la Jutep flexibilizó los criterios para habilitar el acceso a datos patrimoniales. El pedido reclama saber en qué casos los funcionarios accederán a los datos registrales, si ese acceso se limitará al contenido de las declaraciones juradas, qué garantías, controles y auditorías se acordaron con la DGR, cómo se previene el acceso indebido a información de terceros y qué funcionarios tendrán esa potestad, con qué criterios de designación y bajo qué estatuto.
Más allá del pedido de informes, este asunto seguramente esté presente en la instancia de la Rendición de Cuentas cuando comparezcan las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la Jutep.
