La Justicia avanzó en la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, con el objetivo de recuperar $684.990.350.139,86, monto fijado como perjuicio al Estado por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 tras quedar firme la condena, y alcanzó también a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de otros condenados.
Según la resolución, el proceso implicó pasar de la condena penal a su impacto patrimonial concreto. El tribunal avanzó sobre un conjunto de activos que, de acuerdo con la investigación judicial, estuvieron vinculados al esquema de direccionamiento de contratos de obra pública.
Bienes en Santa Cruz
El primer lote de bienes incluyó alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en El Calafate y Río Gallegos. Entre ellos se destacaron terrenos adquiridos entre 2007 y 2008, en plena expansión inmobiliaria de la región, algunos de más de 80.000 metros cuadrados.
Uno de los activos más relevantes fue un terreno de más de 6.000 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre en El Calafate, junto con otros lotes de gran extensión comprados en el mismo período. La Justicia consideró que estas operaciones se inscribieron en un proceso de crecimiento patrimonial sostenido y que no se desvinculan del origen de los fondos investigados.
El núcleo hotelero y las transferencias
Entre los bienes decomisados figuró el hotel Los Sauces Casa Patagónica, asentado sobre tres terrenos, algunos en condominio entre los hijos de la expresidenta. También se incluyeron propiedades vinculadas al hotel Las Dunas, construido sobre un terreno de más de 16.000 metros cuadrados.
El tribunal también resolvió avanzar sobre bienes que habían sido transferidos en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner. En total, se incluyeron 19 propiedades, participaciones societarias y activos financieros. Los jueces sostuvieron que esas cesiones “no alteran el origen ilícito de los fondos” y no pueden utilizarse para eludir el decomiso.
En Río Gallegos, el listado abarcó departamentos y complejos habitacionales, entre ellos el edificio de Mitre 535, con once unidades, además de otras diez unidades en distintas ubicaciones de la capital provincial.
El rol de Lázaro Báez
El fallo también contempló la posibilidad de avanzar sobre bienes de Lázaro Báez, otro de los principales condenados, y de sus empresas, como Austral Construcciones. Parte de los activos incluidos evidencian la relación comercial entre Báez y la familia Kirchner, considerada por la Justicia como un eje central del caso.
Entre esas operaciones se destacó una permuta de terrenos en El Calafate, mediante la cual se ampliaron propiedades vinculadas a los hoteles familiares. Para el tribunal, este tipo de transacciones reforzó la conexión entre los negocios inmobiliarios y los fondos provenientes de la obra pública.
Si los bienes ya identificados no alcanzan para cubrir el monto total fijado, la Justicia podrá avanzar sobre otros activos de los condenados hasta completar la suma establecida.
