¿Cuál es el estado del juicio por YPF y qué esperar de cara al 2026?
El juicio por la expropiación de YPF entra en una etapa decisiva: sin desacato, con el discovery en disputa y a la espera del fallo de apelación.
31 de diciembre 2025 - 17:00hs
El 2026 será un año clave para YPF.
El litigio por la expropiación de YPF atraviesa una etapa clave y volverá a ocupar un lugar central en la agenda judicial, financiera y política de la Argentina durante 2026. El hecho más significativo este año ocurrió el 15 de agosto, cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos litigantes, permitiendo que se resuelva la apelación de fondo sin la ejecución inmediata de la sentencia.
Con una condena de primera instancia por más de US$16.000 millones aún en revisión y medidas procesales en curso en los tribunales de Nueva York, el caso combina disputas legales sensibles y una definición de fondo que todavía está pendiente, que es muy probable que tampoco se termine de resolver este año. En este escenario conviven dos procesos paralelos: el debate en torno al alcance del discovery ordenado por la jueza Preska y la espera por el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
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El discovery y las aclaraciones del Gobierno
En medio de versiones que circularon en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación negaron de manera categórica que la Argentina se encuentre en desacato. Según explicaron fuentes oficiales, el país está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes y cualquier afirmación en sentido contrario “carece de sustento jurídico”.
El foco de la controversia está puesto en el discovery, que incluye el acceso a comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado remarcaron que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense.
Aun así, aseguraron que la Argentina actúa de buena fe: se realizaron entregas parciales y periódicas de información y se avanzó en la obtención del consentimiento de las personas alcanzadas por el requerimiento. De acuerdo con la Procuración, la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios involucrados colaboró de manera voluntaria.
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Sin desacato ni sanciones en el horizonte inmediato
Otro punto que el Gobierno buscó desactivar fue la posibilidad de sanciones judiciales. Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que hablar de desacato es “absolutamente falso” y señalaron que, a partir del 15 de enero, ambas partes acordaron un cronograma procesal para el intercambio de escritos. Según explicaron, cualquier decisión futura dependerá exclusivamente de la evaluación del tribunal y no de especulaciones externas. En ese marco, calificaron como una “operación mediática irresponsable” las versiones que anticipan sanciones o consecuencias inmediatas para el país.
Desde la defensa argentina también interpretan el avance del discovery como una estrategia de la parte actora para ganar tiempo y desviar la atención de un momento adverso en el litigio, en un contexto en el que el fondo Burford, financista de la demanda, atraviesa una caída significativa en el valor de sus acciones.
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El fallo de apelación, la verdadera bisagra de 2026
Más allá de las discusiones procesales, la clave del juicio por YPF está puesta en la decisión pendiente de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo dictada en primera instancia en septiembre de 2023. Ese fallo, que puede conocerse en cualquier momento, tiene el potencial de redefinir todo el escenario.
Desde la defensa argentina sostienen que una resolución favorable podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena multimillonaria. En caso contrario, el expediente avanzaría hacia una nueva etapa, con foco en la ejecución del fallo y eventuales negociaciones. Y esto sin contar que la resolución del juicio podría terminar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que bien podría demorar un año más.
Por eso, 2026 aparece como un año bisagra y donde habrá muchas definiciones del mayor litigio internacional que enfrenta la Argentina. El desenlace del caso no solo tendrá impacto judicial, sino que también condicionará la estrategia financiera, la relación con los mercados y el margen de maniobra del Gobierno en un contexto de vencimientos de deuda y búsqueda de inversiones.
