Contexto
¿Qué anunció exactamente el Gobierno sobre los archivos de la dictadura?
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que el presidente Javier Milei ordenó la desclasificación total de toda la documentación en poder de la SIDE vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Esta documentación pasará a la órbita del Archivo General de la Nación y dejará de estar bajo control exclusivo de los gobiernos de turno. Adorni afirmó que la información “pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político”.
¿Cuál es el marco legal que sustenta esta decisión?
La medida se apoya en el Decreto 4/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que disponía la apertura de archivos para evitar restricciones en las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. Adorni sostuvo que ese decreto “nunca había sido implementado en su totalidad” y que ahora se cumplirá de manera íntegra.
¿Cómo justifica el Gobierno esta decisión?
Según el vocero presidencial, la desclasificación apunta a “contar la historia completa” como parte de un “compromiso inclaudicable con los derechos humanos”. En su discurso, Adorni acusó a administraciones anteriores de mantener estos archivos en secreto, a pesar de “esloganes vacíos sobre verdad, memoria y justicia”, y los acusó de usarlos como “botín de guerra”.
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¿Qué tiene que ver este anuncio con el Día de la Memoria?
El anuncio se realizó coincidiendo con el 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el golpe de Estado de 1976 y que tradicionalmente está marcada por marchas, actos y reclamos por justicia de parte de organizaciones de derechos humanos. Adorni cerró su intervención señalando que “es necesario tener memoria completa de nuestro país, y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas”.
¿Qué relación establece el Gobierno con otras experiencias internacionales de desclasificación?
Adorni enmarcó la medida en una tendencia internacional de apertura de archivos secretos y citó como ejemplo la decisión del gobierno de Donald Trump de desclasificar documentos del FBI, incluyendo información sobre el asesinato de John F. Kennedy. Según el vocero, “la Argentina no puede quedar rezagada en este proceso”.
¿Qué implicancias tiene la decisión sobre el caso Viola?
Además de desclasificar archivos, el Gobierno reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el atentado perpetrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola como un crimen de lesa humanidad. En el ataque fueron asesinados Viola y su hija de tres años. Su esposa, embarazada de cinco meses, y otra hija, que sufrió múltiples heridas, sobrevivieron. El Gobierno considera que el caso ocurrió en el marco de un conflicto armado interno y que, por lo tanto, corresponde considerarlo imprescriptible.
¿Qué respuesta había dado el Estado argentino previamente ante la CIDH por este caso?
En 2022, durante la administración de Alberto Fernández, la Secretaría de Derechos Humanos sostuvo que el atentado no constituía un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, era prescriptible. Según Adorni, ese enfoque “sesgado e ideologizado” fue revertido por la actual gestión luego de entablar diálogo con la familia Viola.
¿Qué nuevas acciones impulsará el Gobierno en relación a este tipo de delitos?
El Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería a formalizar el reconocimiento del caso Viola como delito de lesa humanidad ante la CIDH. Además, se enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad penal y civil de hechos como el mencionado, ocurridos en el contexto de enfrentamientos armados internos.
Cómo sigue
El Gobierno deberá concretar el traspaso efectivo de los archivos de la SIDE al Archivo General de la Nación y formalizar ante la CIDH el nuevo posicionamiento sobre el caso Viola. A su vez, se espera el ingreso al Congreso del proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad de estos delitos, lo que abrirá una discusión legislativa sobre su alcance y eventual aprobación.
