Contexto
¿Qué implicaciones tiene la privatización de Intercargo?
El Decreto 198/2025 autoriza la privatización de Intercargo, empresa que, desde su creación en 1961, ha prestado servicios clave de rampas y manejo de equipaje en los aeropuertos del país. Esta medida representa la culminación de un proceso de desregulación iniciado por el Gobierno nacional, que busca abrir el mercado de servicios aeroportuarios a operadores privados.
Este cambio responde a un marco de ajuste fiscal y modernización del sector, tal como se detalló en el decreto. Intercargo había sido beneficiada con asistencia financiera estatal de $6.700 millones entre 2020 y 2023, pero, dado el contexto económico actual, el Gobierno decidió interrumpir esos aportes a principios de 2024.
¿Cómo se llevará a cabo el proceso de privatización?
La privatización será gestionada por el Ministerio de Economía, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El proceso incluye la venta total de las acciones de la empresa, a través de una licitación pública tanto nacional como internacional.
El contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa será rescindido antes de la transferencia de acciones. De acuerdo con el decreto, no se ofrecerán preferencias a los empleados ni se implementará un programa de propiedad participada, lo que marca una diferencia con otros procesos de privatización anteriores.
¿Cuál es la justificación del Gobierno para esta privatización?
La privatización de Intercargo se justifica por la necesidad de modernizar los servicios aeroportuarios y el manejo de equipaje en el marco de un sector desregulado y con la incorporación de operadores privados.
Además, el Ejecutivo destaca que la empresa no pudo cumplir con las inversiones necesarias para mejorar su infraestructura sin la ayuda del Estado. Esta situación se enmarca dentro de una política de reducción del déficit fiscal y la mejora de la competitividad en el mercado de servicios aeroportuarios.
Según lo expresado en el decreto, el objetivo es liberar el sector de "interferencias estatales innecesarias" para permitir la modernización y mejora de la calidad de los servicios.
¿Cómo impacta la privatización en los servicios de rampas?
El decreto subraya que la privatización no debe afectar la continuidad de los servicios de rampas, que son considerados esenciales para la conectividad aérea nacional e internacional. La normativa establece que el Ministerio de Economía debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la privatización no interrumpa estos servicios.
Además, se resalta que la prestación de estos servicios se rige por principios de seguridad, libre competencia y acceso a los mercados, según lo estipulado en el Código Aeronáutico. En este sentido, se asegura que la privatización impulsará la incorporación de nuevos actores privados, que se comprometan a mantener los estándares de calidad requeridos.
¿Cuál ha sido el contexto de las tensiones previas con la empresa?
El proceso de privatización de Intercargo llega tras un conflicto importante entre la empresa y el Gobierno en noviembre de 2024. Durante ese mes, un paro gremial afectó gravemente los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, provocando la cancelación de vuelos y el varamiento de más de 2.000 pasajeros dentro de un avión. Este incidente generó un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo.
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el paro había marcado "el fin de Intercargo tal como lo conocemos", y agregó que “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo”.
Cómo sigue
El proceso de privatización de Intercargo avanza ahora con la licitación pública internacional para la venta del 100% de sus acciones. Esto formará parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para liberalizar el sector de servicios aeroportuarios y fomentar la competencia.
A medida que se concretan estos cambios, se espera que nuevos operadores privados lleguen al mercado, lo que podría mejorar la calidad de los servicios, aunque también podría generar desafíos en términos de estabilidad laboral y continuidad de los servicios esenciales durante la transición.
