El presidente Javier Milei confirmó su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de las crecientes presiones por parte de sectores académicos y gremiales. La ley, que prevé un incremento en el presupuesto destinado a las universidades, no cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo, que argumenta la falta de fuentes de financiamiento claras.
Desde el entorno presidencial, se ratificó que "el veto es total, no nos movemos ni un milímetro de lo que dijimos", en referencia a la postura del mandatario de rechazar la ley. Aunque el gobierno tiene hasta el 3 de octubre para oficializar el veto en el Boletín Oficial, ya se descartó la posibilidad de que las manifestaciones anunciadas para los próximos días, entre ellas una marcha federal el 2 de octubre, modifiquen la decisión. “No hay apuro. Hay tiempo hasta el 3 de octubre a las 23:59”, afirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo, quienes además señalaron que la decisión podría hacerse pública después de dicha movilización.
El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, fue uno de los primeros en alzar la voz contra el veto propuesto. "Instamos al presidente de la Nación a que recapacite y nos acompañe en esta apuesta a la educación. Le pedimos que no vete la Ley de Financiamiento Universitario. El veto es un veto al futuro", expresó Gelpi en declaraciones recientes. Sin embargo, desde el gobierno insisten en que las universidades recibieron un incremento presupuestario del 270% para el funcionamiento, muy por encima de la inflación, lo que, según sus argumentos, justifica la postura oficial. “No tienen motivos para quejarse más allá de claros intereses políticos partidarios y hasta personales", señalan fuentes de la Casa Rosada.
El gobierno, no obstante, busca apaciguar el conflicto con los gremios docentes mediante el ofrecimiento de un aumento salarial equiparado al otorgado a los empleados del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con una diferencia de aproximadamente el 5,8%. Según declaró una fuente del Ejecutivo, “se hará el máximo esfuerzo posible sin complicar la meta del déficit cero”. Esta oferta será presentada a los sindicatos docentes universitarios en los próximos días, como parte de un intento por abrir un canal de diálogo antes de las manifestaciones programadas.
Debate sobre el financiamiento y la autonomía universitaria
En el marco de las protestas docentes y universitarias, Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, ofreció recientemente una disertación donde abordó la polémica en torno al financiamiento universitario y la autonomía de las casas de estudio. Durante un evento organizado por el Rotary Club en Buenos Aires, dejó en claro la postura del gobierno respecto a la ley aprobada por el Congreso: “El Presidente fue claro cuando se presentó el presupuesto: cuando uno destina recursos tiene que tener claro cuál es la fuente de financiamiento. En la ley que se aprobó, eso no está explicitado, y es justamente para el presupuesto de este año en particular”. Estas declaraciones confirman el respaldo del secretario a la decisión de Javier Milei de vetar la normativa, bajo el argumento de que no se justifica un aumento sin identificar de dónde saldrán los recursos necesarios.
Torrendell explicó que la educación universitaria en Argentina debe transitar hacia una verdadera autonomía, tanto política como económica, y apuntó contra la dependencia actual de las universidades respecto a los gobiernos de turno. En su intervención, expresó que es esencial pasar "de las universidades dependientes de la política partidaria y de los gobiernos de turno a través de la lógica del presupuesto, a la verdadera autonomía universitaria, lo que implica su descorporativización y una autonomía económica".
image.png
Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación
El secretario también citó a José Manuel Estrada, un destacado pensador argentino del siglo XIX, para reforzar su visión sobre la necesidad de que las universidades sean autosuficientes desde el punto de vista financiero. "Estrada dijo que un patrimonio universitario es la base de su emancipación", recordó Torrendell, al tiempo que advirtió que las universidades "deben tener autarquía económica para alcanzar una verdadera autonomía".
A pesar de la firmeza de sus declaraciones, Torrendell aclaró que sus comentarios no deben interpretarse como una política inmediata del gobierno para modificar el sistema de financiamiento universitario, sino como una invitación a reflexionar sobre el futuro del sector.
La movilización docente y la postura del gobierno
Mientras tanto, las universidades y gremios docentes siguen con su plan de lucha. Se confirmaron paros en las universidades nacionales para el 26 y 27 de septiembre, en protesta por la falta de acuerdo salarial y en rechazo al inminente veto presidencial. Además, la Confederación General del Trabajo (CGT) se suma a la marcha federal convocada para el 2 de octubre, lo que podría potenciar la movilización.
En Casa de Gobierno, no obstante, minimizan el impacto de estas medidas de fuerza. "A nosotros nos suma que estén, la gente ya no les cree nada y todo lo que tocan, lo arruinan", comentan en el entorno de Milei, refiriéndose a la posible participación de la CGT. Asimismo, se remarca que el gobierno no cederá a las presiones: "No vamos a aumentar la oferta porque estamos ofreciendo el techo de lo que se puede otorgar. No respondemos a extorsiones", sentenciaron.
Por otro lado, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), criticó duramente la postura del Ejecutivo y convocó a la movilización. En una entrevista con Radio Universidad, Alpa declaró: “La marcha se hace para decirle no al veto y para que los diputados lo rechacen con las tres partes del pleno del Congreso”. Estas declaraciones tensaron aún más la relación entre el gobierno y los rectores de las universidades, quienes son vistos por algunos sectores del Ejecutivo como actores políticos en lugar de meros administradores de recursos.
