El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado de la Nación. La ley establece un aumento presupuestario para las universidades nacionales, con un ajuste de salarios para el personal docente y no docente, y un esquema de actualización de gastos en función de la inflación. La decisión del mandatario generó debate en distintos sectores, ya que la norma había sido aprobada con amplio respaldo en la Cámara Alta: 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
La medida presidencial fue anunciada por Milei a través de su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter), donde respondió a los comentarios del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien ya había advertido sobre el posible veto. “Veto total”, escribió el presidente, confirmando así su postura contraria a la norma sancionada.
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El proyecto de ley fue impulsado por un mosaico de fuerzas políticas de la oposición, entre las que se encuentran el radicalismo, el kirchnerismo, bloques provinciales y otras formaciones menores. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la medida representaría aproximadamente 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a unos $738.595 millones.
El impacto presupuestario y el debate en el gobierno
Desde el Poder Ejecutivo, una de las principales críticas al proyecto de ley es la falta de una fuente clara de financiamiento para cubrir el aumento presupuestario. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, calificó algunos aspectos de la ley como “populismo legislativo” y explicó que uno de los principales problemas es que la norma no contempla el origen de los fondos para financiar los incrementos salariales establecidos. “Primero, no se entiende desde cuándo es la actualización. Nosotros, haciendo números, suponiendo que fuese desde diciembre, estaríamos hablando de 1.2 billones, lo cual es completamente inviable”, afirmó Álvarez en diálogo con Radio Mitre.
El subsecretario también señaló que el texto aprobado entra en conflicto con la Ley de Administración Financiera y con las negociaciones paritarias en curso. “Este proyecto de ley se entromete en la ley que regula las paritarias. Actualmente hay una paritaria abierta con los sindicatos, donde los salarios se han ido actualizando paulatinamente”, agregó Álvarez.
Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había expresado en una conferencia de prensa que el veto aún estaba en análisis, aunque finalmente fue Milei quien resolvió bloquear la ley. Esta decisión será el segundo veto presidencial en lo que va de su mandato, tras el rechazo a la Ley de Movilidad Jubilatoria firmado a finales de agosto.
Reacciones en el Senado y posible impacto en las calles
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con un amplio margen en el Senado, en una votación que contó con 57 adhesiones, entre ellas las de algunos legisladores del PRO, como Guadalupe Tagliaferri, Luis Juez y Beatriz Ávila. A pesar del respaldo obtenido en la Cámara Alta, el gobierno sostuvo que la medida era inviable desde el punto de vista económico. En contraste, los defensores de la ley destacaron que su costo fiscal es manejable, representando solo una pequeña fracción del PBI (0,14%).
A nivel político, la decisión de vetar la ley podría generar tensiones en las calles, dado que en abril pasado ya se había registrado una marcha masiva en reclamo por la falta de financiamiento a las universidades. Desde el sector universitario, algunos referentes advirtieron sobre la posibilidad de una nueva movilización en respuesta al veto presidencial. Sin embargo, desde el gobierno desestimaron esta posibilidad. “Si quieren marchar, que vuelvan a marchar”, expresó un funcionario libertario consultado al respecto.
La ley establece, entre otros puntos, la actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades, de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al año 2023. A partir de 2024, el ajuste sería bimestral, tomando como referencia la inflación, pero descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
En resumen, la medida impone una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un impacto presupuestario significativo. Sin embargo, el oficialismo ha mantenido su posición firme respecto a la inviabilidad económica de esta disposición, lo que finalmente derivó en la decisión de vetar la ley.
