Contexto
¿Qué reclaman los fiscales?
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron una apelación formal ante la Cámara Federal de Casación Penal solicitando que se revoque la prisión domiciliaria que actualmente cumple Cristina Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Los fiscales consideran que, como lo establece el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario, y no en un domicilio particular, aunque este esté habilitado para una modalidad domiciliaria.
En este contexto, los fiscales argumentan que la finalidad principal de las penas privativas de libertad, según la ley, es que el condenado "internalice y adquiera la capacidad de comprender la gravedad del daño ocasionado por la comisión de un delito". En el caso de Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, sostienen que su detención domiciliaria no cumple con este objetivo de resocialización, dado que no existe una perspectiva de reinserción adecuada bajo este régimen.
¿Por qué cuestionan la modalidad domiciliaria?
El principal argumento de la Fiscalía en contra de la prisión domiciliaria radica en la falta de resocialización en este tipo de medidas. Según los fiscales, las penas privativas de libertad deben ejecutarse en un entorno que favorezca la resocialización, tal como establece la legislación. En su dictamen, subrayan que en prisión domiciliaria no existen los mecanismos adecuados para la resocialización de la persona condenada, y que por lo tanto, el cumplimiento de la pena debería ser en una unidad penitenciaria.
Además, los fiscales argumentan que la situación de seguridad en el domicilio de Cristina Kirchner afecta tanto a la ex presidenta como a los vecinos del barrio. Desde que se dispuso la prisión domiciliaria en San José 1111, se han producido numerosas manifestaciones públicas y protestas en las inmediaciones de su departamento. Estas concentraciones han afectado los servicios de recolección de residuos, el paso de ambulancias y otros aspectos cotidianos del barrio. En su apelación, los fiscales mencionaron un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que detalla las complicaciones derivadas de la presencia de la ex presidenta en la zona, como los ruidos molestos y las alteraciones del normal funcionamiento del vecindario.
¿Qué opinan los fiscales sobre el trato desigual?
Luciani y Mola señalaron que la ex presidenta recibió un trato desigual en comparación con los otros ocho condenados en la misma causa, quienes cumplieron sus penas en unidades carcelarias. Los fiscales mencionan que, mientras los demás condenados se presentaron ante el tribunal y fueron detenidos en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal, Cristina Kirchner no pasó por ese proceso debido a que se le concedió el arresto domiciliario. Según los fiscales, este trato diferencial es injustificado y constituye una excepción que no se corresponde con la normativa aplicada a los demás condenados.
¿Qué se dijo sobre el intento de homicidio y las razones de seguridad?
Uno de los argumentos más citados por los defensores de Cristina Kirchner para solicitar la prisión domiciliaria fue el intento de homicidio que sufrió la ex presidenta en septiembre de 2022, así como su rol político como ex presidenta en dos períodos. Estos factores, según el Tribunal Oral Federal 2, justificaban una medida que favoreciera su seguridad y aislamiento. El tribunal consideró que por su condición de ex mandataria y debido a su situación de vulnerabilidad tras el atentado, la ex presidenta debía cumplir con la condena bajo un régimen de aislamiento que, en su opinión, no era compatible con las condiciones de una unidad penitenciaria.
Sin embargo, los fiscales argumentaron que el aislamiento no se justifica como medida excepcional y que, de hecho, la detención en una cárcel común con un régimen de visitas regular no equivaldría a un aislamiento. Señalaron que existen unidades carcelarias que podrían garantizar la seguridad de Kirchner, sin que esto implique un trato inhumano. En este sentido, rechazaron la idea de que la prisión domiciliaria fuese más segura o beneficiosa que una detención en una unidad penitenciaria, ya que el Ministerio de Seguridad de la Nación había señalado diversas alternativas para que la ex presidenta cumpla su condena en un entorno adecuado.
Cristina-Kirchner-apelacion-fiscal.pdf
¿Qué implicaciones tiene este pedido de apelación?
La apelación presentada por los fiscales será revisada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Estos jueces, que también fueron parte del panel que ratificó las condenas en la causa Vialidad, tendrán que decidir si la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner continúa o si, por el contrario, debe ser revocada y la ex presidenta debe ser trasladada a una unidad penitenciaria.
Este proceso judicial tendrá implicaciones directas sobre las condiciones de detención de Cristina Kirchner y, potencialmente, sobre el régimen de visitas que se le ha impuesto. En este sentido, el tribunal de Casación también deberá resolver sobre las restricciones a las visitas, tema que será debatido en una audiencia convocada para el próximo 7 de julio.
¿Qué más se está discutiendo en el caso?
El Tribunal Oral Federal 2 también había dispuesto ciertas restricciones para las visitas de Cristina Kirchner, estableciendo que solo sus familiares, médicos, abogados y custodios podían ingresar a su domicilio sin autorización judicial. Todas las demás visitas requerían una autorización previa. Esta medida fue apelada por la defensa, y la Cámara de Casación ya ha citado a una audiencia el próximo 7 de julio para tratar este tema. Además, la defensa de la ex presidenta también apeló la imposición de la tobillera electrónica, medida que será evaluada en conjunto con la apelación de la prisión domiciliaria.
Cómo sigue
La Cámara Federal de Casación, en manos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, tendrá que resolver si mantiene la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner o si esta es revocada en favor de su traslado a una cárcel común. La audiencia del 7 de julio también se centrará en otros aspectos de su detención, como las restricciones de visitas y el uso de la tobillera electrónica. Estos elementos formarán parte de un análisis más amplio sobre las condiciones de detención de la ex presidenta, que podrían cambiar en función de la resolución que adopte el tribunal.
