Luego de arduas negociaciones en el recinto de la Cámara de Diputados, los distintos bloques de la oposición dieron media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, distinta a la impuesta por el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 dictado en marzo pasado. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos en los haberes jubilatorios debido al pico inflacionario registrado en enero pasado, que alcanzó el 20,6%; el Gobierno solo reconoció el 12,5% en aquel DNU.
El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
La ofensiva opositora en la Cámara Baja es una reacción política a la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido las jubilaciones y pensiones, especialmente las que superan la mínima, durante la gestión de Milei. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), estos haberes tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre de 2024. Las jubilaciones que superan el haber mínimo tuvieron una caída del 37%.
El haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos, se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.
Pero además, la fórmula acordada por la oposición incluye un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC, de forma anual, para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.
Al momento de la votación en particular fue rechazado (111 votos en contra contra 109 a favor) el artículo 11 del dictamen que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
El oficialismo rechaza esta medida debido a su impacto en el equilibrio fiscal que intenta sostener el Gobierno. Tras la aprobación, el presidente mismo publicó en sus redes sociales la imagen de un León con una banda presidencial y una espada cuidando un cofre y con el texto "DEFENDERÉ LA CAJA A VETO PURO SI ES NECESARIO..."
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el centro de la disputa
Los bloques opositores llegaron a la sesión con varios dictámenes, cuya principal diferencia se centraba en el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses: mientras los bloques con mayor diálogo con el Gobierno -la UCR y el bloque de Pichetto- pretendían que se destine a pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, el peronismo se mantuvo firme en la negativa a esa propuesta. "La liquidación del FGS es un paso para el retorno de las AFJP, que deja a un tercio de la población descartada. Son las líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar”, dijo el diputado de UxP Itai Hagman al inicio del debate. Para el peronismo, cualquier modificación del FGS sería “abrirle la puerta a que Milei luego haga otros cambios, en un contexto económico muy complicado”.
Inédito acuerdo opositor
La mayoría de 162 contó con votos de Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la izquierda, para lograr un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por el efecto de la inflación de enero pasado. Esta confluencia es una mala noticia para el Gobierno de Milei, que en el pasado reciente ha tenido que hacer grandes concesiones para aprobar el proyecto de Ley de Bases, que es probable que vuelva a la cámara este mes, cuando el Senado le dé media sanción con modificaciones posiblemente la semana próxima.
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El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, así como el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal proponían utilizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero el kirchnerismo se opuso.
Finalmente, se acordó otra solución: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.
Según la OPC, este dictamen, sin contabilizar el pago de las deudas a las cajas previsionales provinciales, tendría un impacto fiscal del 0,43% del PBI.
Oposición de LLA y el PRO
Los libertarios, al igual que Pro, rechazaron el proyecto, lo que anticipa el veto presidencial si el Senado lo convierte en ley.
Desde Pro, María Eugenia Vidal focalizó su crítica contra el kirchnerismo. “Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, disparó.
El dictamen del Pro ratificaba el DNU presidencial y, aunque reconoce el 8% de pérdida por la inflación de enero, le daba la potestad al Gobierno para instrumentar la modalidad de pago para no alterar la meta de déficit cero, la obsesión del Gobierno. A pesar de estas facilidades, los libertarios rechazaban incluso la iniciativa de sus aliados. Su propuesta se limitaba a ratificar el decreto presidencial.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, responsabilizó a quienes gestionaron durante los últimos 20 años por el colapso del sistema previsional. “En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, asestó.
