El trabajo de Comisiones en Diputados y en el Senado auguran turbulencias legislativas en la previa de las elecciones.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso.
Ni la semana corta, ni la víspera del cierre de listas ayudaron al oficialismo a evitar una nueva avanzada opositora en el Congreso. Con la guardia baja y a la espera de que suene la campana, los libertarios esperan el final del round casi contra las cuerdas y sin capacidad de reacción legislativa.
En ese marco, en una sola jornada, la oposición le dio dictamen a los dos proyectos de los gobernadores para cambiar la distribución de la recaudación, a la emergencia en Ciencia y Tecnología. Además, puso fecha en el Senado para el tratamiento de la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
En tanto, la oposición también avanzó con los pedidos de informes al Ejecutivo por el fentanilo contaminado que ya causó casi 100 muertes y destrabó el funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.
A ese combo se suma la búsqueda de la oposición por avanzar con el rechazo de los vetos a las mejoras en las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad.
Ante ese panorama, que se presenta oscuro, el oficialismo apuesta todas sus fichas a la dilación en el tratamiento de los temas y algún acuerdo electoral que pueda matizar la furia de los gobernadores.
Parece poco, de cara a un fin de año de alto voltaje electoral y sin una previsión que haga suponer que la correlación de fuerzas cambie de manera significativa a partir del próximo 10 de diciembre.
El proyecto de ley que regula la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa impulsada por los gobernadores y que ya cuenta con media sanción del Senado, obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
A pesar del consenso inicial de todos los mandatarios provinciales, la votación en la comisión reflejó una fractura: los representantes de Salta y Misiones respaldaron el dictamen de mayoría junto a Unión por la Patria y otros bloques opositores, mientras que diputados de San Juan y Mendoza, que responden a sus gobernadores, firmaron un dictamen de minoría con La Libertad Avanza.
Algo similar sucedió con el proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, otra demanda de los gobernadores que busca redefinir porcentajes de distribución para aumentar el monto destinado a las provincias.
Este proyecto, que también obtuvo dictamen de mayoría con 46 firmas, vio al oficialismo presentar su propio dictamen de minoría, sumando el apoyo de legisladores de que responden a los oficialismos provinciales en San Juan, Mendoza y Chubut, confirmando así el desvanecimiento del consenso inicial de los 24 mandatarios.
El escenario es aún más adverso para el oficialismo en el debate sobre la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Un dictamen de mayoría, que declara la emergencia del sector y exige al Poder Ejecutivo revertir recortes presupuestarios, recibió un "amplio aval" de la oposición, con 44 firmas, mientras que La Libertad Avanza y sus aliados solo lograron 16 rúbricas para su dictamen de minoría.
Los diputados opositores responsabilizan directamente al Gobierno por el "cientificidio" que atraviesa el sector. En ese marco, denuncian una disminución del 46% en la ejecución presupuestaria, la paralización de herramientas de financiación, el congelamiento de salarios de investigadores, despidos masivos y la degradación institucional del ex Ministerio de Ciencia.
La situación del CONICET, en particular, es crítica, con un ajuste presupuestario que compromete su capacidad de investigación y formación.
En el Senado, el oficialismo también se aferra al tiempo. Ejerce, en la medida que su propia interna lo deja, el poder para demorar los debates que impulsa la oposición. Pero, a veces, la realidad de se impone.
En ese contexto, Unión por la Patria intentó forzar plenarios para los proyectos de emergencia pediátrica (Hospital Garrahan) y financiamiento universitario, ambos con media sanción de Diputados.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, frenó la iniciativa y exigió cálculos sobre el costo fiscal de ambas propuestas. Un artilugio básico, pero efectivo. Sin más, logró postergar su tratamiento una semana.
La política, en todas sus variantes, llegó tarde una vez a una tragedia. En ese caso, las 97 muertes por fentanilo adulterado.
Finalmente, empujados por la realidad y la dimensión de los hechos, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados dictaminó por unanimidad un pedido de informes al Ejecutivo y a la ANMAT.
En el mismo sentido, pero con menos repercusión, se expresó la Comisión de Salud del Senado que preside Lucía Corpacci.