Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello y alcanza a otros 18 acusados
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (andis), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada, cohecho pasivo y asociación ilícita.
Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello y alcanza a otros 18 acusados, por asociación ilícita: Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Roger Edgar Grant, Lorena Di Giorno, Luciana Ferrari, Guadalupe Ariana Muñoz, Federico Maximiliano Santich, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Ornella Calvete, Patricia Canavesio, Diego Martín D´Giano y Julio Cesar Viera.
A todos ellos se les solicitó declaración indagatoria, pero sin prisión preventiva, según la resolución a la que accedió El Observador.
Se los acusa de desplegar actividades delictivas, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, en maniobras destinadas “ a cometer ilícitos contra la administración pública, puntualmente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”, refirió Casanello en su resolución.
La organización estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable, señaló el escrito del juez.
Para ello utilizó un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos, las Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que contravino la normativa vigente y que permitió el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública. como publicidad, transparencia y concurrencia de oferentes, con la inclusión de personas ajenas a la agencia en la toma y ejecución de decisiones.
Mediante el uso direccionado del aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024 y a través del cual se canalizaban las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, se manipularon las contrataciones en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras de insumos vinculadas a los miembros de la organización delictiva, lo que les significó la obtención indebida de millonarias sumas de dinero.
Y se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” -paralelo al general- al que sólo eran invitadas a participar este grupo reducido de firmas, en el que se distribuían de antemano las asignaciones, simulando una competencia que no era tal (con oferentes ‘pantalla’ que, en ocasiones, siquiera cotizaban los tickets) y elevando sustancialmente los precios. indicó el documento de Casanello.
La maniobra se completó con pagos indebidos a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran -en favor de intereses particulares ajenos a los de la administración- las contrataciones y se garantizaran agilidad y prioridad en el cobro.