En diálogo con Luis Majul y Luis Gasulla en El Observador 107.9, el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, analizó el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones a los fondos Burford y Eton Capital. El exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que “la sentencia de YPF es gravísima” porque “estaríamos perdiendo las acciones que tiene el Estado argentino en la compañía”.
Saravia Frías explicó: “Estamos enfrentando una decisión muy grave de la jueza Preska. Para ponerlo en contexto, esta decisión se enmarca en una sentencia adversa que ya existe por 16.000 millones de dólares. En ese juicio ya se discutieron estas cuestiones, y la sentencia salió en contra”.
Además, detalló que “hoy esta sentencia está apelada ante la Cámara", pero señaló que en el sistema judicial estadounidense "una sentencia en primera instancia se puede ejecutar, aunque esté apelada", lo que está ocurriendo actualmente con la ejecución de la sentencia.
El exprocurador aclaró que, "a pedido de los acreedores, es decir, del fondo Burford, la jueza ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino".
El fallo de la jueza Preska sobre YPF
De acuerdo con Saravia Frías, esta medida es "gravísima" ya que se está pidiendo más de la mitad del capital social de YPF. "La jueza está ordenando que se entregue como pago parcial de la sentencia por 16.000 millones de dólares", explicó, añadiendo que esto no alcanzaría para saldar la totalidad de la deuda, lo que llevaría a perder las acciones que son propiedad del Estado y, por ende, de todos los argentinos.
Saravia Frías también cuestionó los argumentos de la jueza, asegurando que “son una elongación de la jurisdicción indebida, es decir, un abuso de poder". El exfuncionario destacó que existe un principio de derecho internacional que establece que “el Estado estadounidense no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado".
Además, recordó que en Argentina, la ley por la cual se expropió YPF estipula que las acciones del Estado en la compañía no pueden ser dispuestas sin la anuencia del Congreso, con una mayoría de dos tercios. "La jueza hace caso omiso de esta ley", aseguró Saravia Frías, quien citó que la magistrada incluso mencionó que “conoce la ley, pero no le importa; que cambien la ley o que se sienten a negociar”.
"Una violación a la ley argentina"
Sobre la violación de principios de derecho internacional y la ley argentina, Saravia Frías indicó: "La jueza está violando la Ley de Inmunidad Soberana y pretendiendo inmiscuirse en los asuntos internos de otro país". Según el exprocurador, esta es la base del "error" que debería ser apelado inmediatamente por la Argentina. "Es fundamental apelar este fallo con astucia", agregó, sugiriendo que la Argentina debe actuar tanto judicialmente como políticamente.
En cuanto a la reacción interna, Saravia Frías subrayó que "el Congreso debería reaccionar", recordando que en ocasiones anteriores, como durante la reestructuración de la deuda en el gobierno de Lavagna, el Congreso aprobó en 48 horas un proyecto de ley respaldando el proceso. "Algo parecido debería ocurrir ahora", opinó, destacando que esto tendría un alto significado político y jurídico.
Para finalizar, Saravia Frías contextualizó el fallo dentro de una historia de incumplimientos por parte de los gobiernos argentinos, particularmente durante los gobiernos kirchneristas, señalando que “esto se remonta al primer default de 2002 y continúa con los defaults que llevó adelante el ministro Kicillof”.
