Lo que importa
- Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante el kirchnerismo, se entregó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir su condena de seis años de prisión por la tragedia de Once.
- La Corte Suprema ratificó recientemente la sentencia de Jaime por "administración fraudulenta" en el accidente del tren Sarmiento, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.
- Jaime, quien ya pasó siete años preso por distintas causas, fue excarcelado en el caso de Once luego de cumplir aproximadamente dos años de su pena, por lo que el Tribunal ahora evaluará cuánto tiempo le resta en prisión.
- Un pedido de la defensa para la prisión domiciliaria por razones de salud fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 2, que dispuso la ejecución efectiva de la sentencia en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
Contexto
¿Qué sucedió en la tragedia de Once y qué rol se le atribuye a Jaime?
La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó al llegar a la estación de Once en Buenos Aires, dejando 52 muertos y más de 700 heridos. Ricardo Jaime, quien era secretario de Transporte durante el kirchnerismo, fue condenado por “administración fraudulenta” debido a su responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a los servicios ferroviarios. Según los jueces, Jaime, en su rol, debió garantizar la seguridad del servicio de transporte, en lo que se considera un incumplimiento de sus funciones.
¿Por qué Jaime regresa a prisión ahora?
Jaime había sido excarcelado en marzo de 2023 luego de cumplir una parte de la pena por esta causa. Sin embargo, el 31 de octubre, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de seis años, desestimando el recurso del fiscal Raúl Pleé para extender la condena a ocho años, pero dejando firme el fallo original. Este aval de la Corte permitió al Tribunal Oral Federal 2 ordenar la reclusión inmediata de Jaime para que complete su condena.
¿Cuál fue la posición de la Corte Suprema respecto a la ampliación de la condena?
El fiscal Pleé había argumentado que Jaime, en su condición de secretario de Transporte, tenía una “posición de garante” en la seguridad del sistema de trenes y solicitó una ampliación de la pena a ocho años. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el recurso con la firma de tres de sus cuatro jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Juan Carlos Maqueda se excusó de votar, dado que Jaime había trabajado como su segundo en el Ministerio de Educación de Córdoba.
¿Qué sucede con el pedido de prisión domiciliaria de Jaime?
La defensa de Jaime argumentó razones de salud para solicitar prisión domiciliaria, un pedido que actualmente sigue en proceso de análisis. No obstante, el TOF 2 rechazó la solicitud y resolvió que Jaime debía cumplir el resto de su pena en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
¿Cuánto tiempo le resta a Jaime por cumplir?
El Tribunal realizará un cómputo del tiempo que Jaime ya pasó encarcelado para determinar cuánto le resta cumplir en prisión. Hasta el momento, Jaime ha estado siete años detenido en diversas causas de corrupción, incluidos aproximadamente dos años por la causa de la tragedia de Once.
Cómo sigue
El próximo paso será el cálculo del tiempo restante de condena que le corresponde cumplir a Jaime, un proceso que deberá realizar el Tribunal Oral Federal 2. La defensa de Jaime mantiene abierta la posibilidad de obtener prisión domiciliaria por problemas de salud, aunque ya enfrentó un primer rechazo de esta solicitud.
La decisión de la Corte Suprema de ratificar su condena implica que el proceso de cumplimiento de la sentencia no puede suspenderse hasta que se obtenga una resolución definitiva sobre su estado de salud y su pedido de prisión domiciliaria.
Este caso refuerza el rol de la Corte Suprema y los tribunales federales en el seguimiento de casos de corrupción y negligencia estatal, especialmente en áreas de transporte y seguridad pública.
Además, deja un precedente sobre las responsabilidades de los funcionarios en cargos de alta jerarquía y las consecuencias legales por incumplimientos en la gestión de fondos y recursos estatales.
