UBA - Ley de Financiamiento
Contexto
¿Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario?
La ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto, tiene como objetivo principal garantizar la sostenibilidad y el buen funcionamiento de las universidades públicas. Entre sus puntos clave, la norma prevé la actualización de los salarios de docentes y no docentes, vinculándolos al índice inflacionario. Además, establece un mecanismo de actualización automática para los gastos operativos de las universidades. La ley también contempla la creación de fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Adicionalmente, proyecta un aumento gradual del financiamiento estatal al sector, pasando del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 al 1,5% en 2031, lo que busca asegurar la continuidad de la excelencia académica y permitir una planificación a largo plazo.
¿Por qué la UBA se encuentra en estado de emergencia salarial?
La UBA declaró el estado de emergencia salarial en marzo de este año como consecuencia directa del deterioro del poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores. Esta situación se agravó por la falta de una recomposición salarial que pudiera compensar la inflación acumulada. Las autoridades universitarias señalan que un factor determinante fue el veto presidencial a una ley similar en 2024, lo que provocó una reducción cercana a la mitad del poder adquisitivo de los sueldos. Esta emergencia afecta a toda la planta de profesionales, llevando a que docentes, investigadores y no docentes deban abandonar sus puestos de trabajo al no poder llegar a fin de mes. La universidad advierte que esta situación pone en riesgo la calidad de la enseñanza y la investigación, además de la garantía de derechos para quienes estudian y trabajan en la institución.
¿Cuál es la postura de la UBA frente a este reclamo?
La UBA argumenta que su reclamo no tiene motivaciones partidarias o ideológicas, sino que se centra en defender el valor colectivo de la educación pública. En el comunicado que acompaña al video, los decanos sostienen que se trata de "cuidar lo que nos une y nos enorgullece". La institución recalca que la ley "no es contra nadie" sino "a favor de todos", buscando garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema público de enseñanza superior y la continuidad de la excelencia académica. Esta postura refleja la preocupación por el impacto de la falta de financiamiento en el funcionamiento cotidiano de la universidad, enfatizando la necesidad de reglas claras que permitan planificar el futuro institucional. El pronunciamiento conjunto de los decanos y las autoridades superiores refleja un consenso inédito y una defensa unificada del rol de la universidad pública en la sociedad.
¿Qué pasó con la ley anterior?
En 2024, el Congreso ya había aprobado una ley similar de financiamiento universitario, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla por completo. Esa decisión, según las autoridades universitarias, fue la principal causa de la drástica pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, que se redujeron casi a la mitad. El veto presidencial, sumado a la falta de recomposición salarial, generó una situación de vulnerabilidad sin precedentes en la educación superior en las últimas décadas. La experiencia del año anterior es un antecedente clave que motiva la urgencia del actual pedido de las autoridades de la UBA, quienes buscan evitar que se repita la misma situación y se profundice la crisis financiera de la institución.
Cómo sigue
El futuro inmediato de esta situación se centra en la decisión que tomará el presidente Javier Milei, quien tiene hasta el jueves 11 de septiembre para vetar o promulgar la ley. Si bien el proyecto fue aprobado en el Senado con una mayoría superior a los dos tercios (58 votos a favor), lo que podría rechazar un eventual veto, el mandatario manifestó su rechazo a toda iniciativa que rompa el equilibrio fiscal.
La comunidad universitaria expresó su postura de manera contundente a través del lema "Si hay veto, hay marcha", lo que indica que, de concretarse un veto, se organizaría una movilización masiva. Este plan de acción incluye un paro nacional convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y una semana de acciones por parte de la Asociación Gremial Docente de la UBA, que incluyen paros activos y clases públicas.
Además, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya aprobó el monto de 7,32 billones de pesos que solicitarán al Ejecutivo para el presupuesto de 2026, lo que demuestra la preparación del sistema universitario para continuar con el reclamo más allá de la coyuntura actual y garantizar el funcionamiento de las casas de estudios superiores a largo plazo.
