Desde la consultora Focus Market, hemos elaborado el siguiente informe en el que analizamos el destino del cepo cambiario con el cual convivimos hace casi cinco años, explorando cuándo podría eliminarse por completo y en qué condiciones.
Desde 2011, nos hemos acostumbrado a convivir con el cepo cambiario, y con el paso de los años, las regulaciones se han intensificado. En 2019, debido a la emergencia económica, y previa aprobación del Congreso, se sancionó el impuesto PAIS, el cual también fue endureciendo sus requisitos con el tiempo. Ahora bien, ¿cómo salimos de esta cárcel cambiaria?
El impuesto PAIS, al tratarse de un tributo que afecta la compra de divisas, perjudica de manera directa a múltiples sectores de la economía. En el sector turístico, todas las compras con tarjeta de crédito o débito realizadas en el exterior, el pago de vuelos y hoteles, abonan un 30% de impuesto PAIS. El sector financiero, por su parte, se ve afectado por el cupo de la compra de 200 dólares mensuales para atesoramiento, las transferencias realizadas al exterior, la suscripción a los Bopreal, y también el pago de sus dividendos. Las importaciones de bienes en general (bienes de capital, insumos y materias primas) comenzaron a realizarse con un gravamen menor, que pasó del 17,5% al 7,5%, reduciendo el costo de esos productos, ya que hasta ahora actuaba como un arancel encubierto.
El impuesto PAIS es un tributo que afecta ciertas operaciones en moneda extranjera, con el objetivo de cuidar las reservas internacionales del Banco Central. Este impuesto de emergencia, que aplica a nivel nacional durante cinco períodos fiscales, sancionado el 21 de diciembre de 2019, debería quedar sin efecto para fines de este año. No debemos olvidar que, meses previos a su sanción, el país atravesaba una corrida hacia el dólar, producto de la incertidumbre que generaban las PASO, donde el dólar paralelo aumentó de $45 a $60 en un solo día hábil. Este descreimiento en nuestra moneda es lo que justifica la implementación de este impuesto para cuidar las reservas, a tal punto de limitar la compra de 200 dólares mensuales.
Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo recaudado por el impuesto PAIS debe destinarse a programas a cargo de ANSES y PAMI, obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional, y prestaciones a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Estas medidas intervencionistas las aplican aquellos países que tienen problemas con la credibilidad de sus monedas domésticas, buscando controlar las reservas de sus bancos centrales. Si se fija un tipo de cambio, lo que varía es la cantidad de reservas. Si se fija la cantidad de reservas, el tipo de cambio varía. Si se busca controlar el tipo de cambio y la cantidad de reservas, inexorablemente el resultado es un mercado paralelo libre. Hoy, el gran inconveniente que estamos enfrentando es la eventual expansión de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y su cotización en el mercado paralelo.
En Argentina, entendemos que no es sencillo comprar los 200 dólares mensuales permitidos por la vía legal, debido a la cantidad de requisitos que se deben cumplir: no haber operado dólares financieros en los 90 días previos, tener ingresos demostrables, no recibir ayuda estatal, etc. Las limitaciones a la compra de moneda extranjera o la fijación de un precio al tipo de cambio son prácticas utilizadas en muchos países del mundo para evitar el debilitamiento de sus reservas en los bancos centrales. Países como Burkina Faso, Chad, Irán, Gabón, Madagascar, Mozambique, Venezuela, Sudáfrica y Belice permiten a los residentes abrir cuentas en dólares en los bancos, pero el procedimiento no es sencillo debido a la cantidad de requisitos. En estos países, dada la cantidad de regulaciones, los ciudadanos recurren al mercado paralelo para obtener divisas debido a la imposibilidad de comprarlas por la vía legal.
En Argelia está prohibida la acumulación de dólares por parte de los residentes, particularmente en forma de depósitos bancarios, y las cuentas en moneda extranjera solo pueden ser abiertas por no residentes. En Angola, las cuentas en kwanzas (la moneda local) no se pueden convertir en otras divisas. En China, la limitación se dirige al monto operado, que no puede superar los U$S 50,000 anuales, principalmente para viajes y educación. Otro tipo de regulación es la aplicación de impuestos a la compra de divisas, como en Brasil, donde no hay límites a la compra, pero se aplica una tasa variable según la operación realizada: 4,38% para compras en el exterior con tarjetas de crédito y 1,1% para compra de divisas. En Rusia, a partir de 2022, se cobra un 30% a los ciudadanos sobre compras realizadas en el exterior; en Turquía, se cobra el 0,1% de las transacciones en moneda extranjera.
El Gobierno sabe que mantener el cepo cambiario es perjudicial para las inversiones, que son indispensables para mejorar los niveles de actividad, salarios y reducir la desocupación, luego de la recesión sufrida en el primer semestre del año. Entonces, ¿por qué mantiene este impuesto? Porque no tiene reservas, y para aumentar la actividad en lo que resta de este año y el siguiente, necesita tener reservas para hacer frente al pago de las importaciones. Desde lo fiscal, resignar un impuesto que representa aproximadamente el 7% de los ingresos pondría en jaque el superávit fiscal obtenido hasta ahora. El gobierno apuesta por ir reduciendo su alícuota mientras impacta la recaudación sustituta del paquete fiscal y la eliminación de subsidios nacionales en tarifas, hasta su eliminación a fin de año, mientras refuerza las reservas en el Banco Central.
Desde su implementación en diciembre de 2019 hasta julio de 2023, su incidencia en el total recaudado era de 1,46% en promedio. Luego de las modificaciones en la extensión del alcance del impuesto en julio de 2023, este fue tomando mayor fuerza, hasta llegar a representar el 8,29% de los ingresos fiscales en marzo de 2024. Por ello, vemos la necesidad de analizar qué ocurrió con este impuesto en el último año, de mayo 2023 a mayo 2024.
En el siguiente gráfico, distinguimos con colores el gobierno de Alberto Fernández (celeste) y el de Javier Milei (violeta), observando cómo evolucionó la recaudación nominal del impuesto PAIS en el último año, donde registró un aumento interanual del 1239%, mientras que para el mismo periodo la inflación fue del 276,4%, exponiendo un incremento real del 960%.
En julio de 2023, se extendió el alcance del impuesto PAIS, gravando la compra de moneda extranjera para pagar importaciones de bienes y servicios, con ciertas excepciones. Las nuevas alícuotas van del 7,5% al 25%, lo que resultó en un aumento del 223% en la recaudación el mes siguiente, de 65.539 millones en julio a 211.902 millones en agosto. Para tener una noción de este aumento, la recaudación pasó de representar el 1,68% al 4,85%, casi triplicando la incidencia de este impuesto en la recaudación total.
En diciembre de 2023, pocos días después de asumir el nuevo gobierno, también se extendió el alcance del impuesto PAIS a las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes, generadas en cobros en el país de utilidades y dividendos recibidos a partir del 1° de septiembre de 2019, y la suscripción en pesos de “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL). Luego de esta inclusión en el cobro del impuesto, la recaudación llegó a representar el 8,29% de los ingresos fiscales en marzo de 2024, recaudando en el primer trimestre 1.740.019 millones, mientras que en todo el año 2023 este impuesto recaudó 1.510.889 millones, un 15% más que en todo el año previo.
Según lo estipulado en la ley 27541, su existencia está limitada a cinco períodos fiscales, por lo que debería quedar sin efecto para fines de este año. Sin embargo, sabemos que muchos de los impuestos en Argentina, que en un principio se suponían "temporales" y destinados a ciertas "emergencias", han perdurado en el tiempo. Entre los más recordados están el IVA, cuya suba al 21% en 1995 iba a ser por un solo año, pero ya lleva 29 años; Bienes Personales, creado por una emergencia en 1991 con la promesa de eliminarlo en 1999, pero que ya lleva 31 años; y el impuesto al cheque, que existe desde 2001 y se suponía que duraría menos de dos años, pero ya ha cumplido 23 años.
El presidente Javier Milei prometió en campaña eliminar este impuesto, pero a los pocos días de asumir, se amplió su alcance. Ahora, comienza con su primera reducción a partir del próximo lunes en lo referente a las importaciones.