El solo hecho de habitar la Argentina implica convivir con la semi plena certeza de que el Poder Judicial es una de las herramientas de la República que no funciona del todo bien. En términos ramplones se podría decir que la Justicia es un engranaje que necesita del aceite que le puede suministrar el poder de turno para lubricar sus piezas y que todo funcione como debe ser.
Partiendo de esa base, está claro que nos harían falta suplementos especiales y bibliotecas enteras para documentar cada expediente cajoneado; no nos alcanzaría la vida para contar los desastres que sucedieron y que, lamentablemente, seguirán sucediendo.
Pero a veces suceden cosas que recomponen la confianza en el sistema. Por lo menos hasta la próxima decepción. A veces, solo a veces, la balanza recupera su equilibrio y el Derecho deja de ser una sugerencia.
Un ejemplo de esos que ayuda a recuperar la fe en la República se dio esta semana y brotó de los despachos de Venado Tuerto. Ahí, en la provincia de Santa Fe, el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, puso el derecho por sobre la retórica y relato político; y al mismo tiempo el derecho a la vida por sobre la austeridad fiscal.
Ante el "grave estado de deterioro" de las rutas nacionales 7, 8 y 33 - un verdadero muestrario de grietas, hundimientos, baches y huellas profundas sobre el asfalto que Vialidad Nacional admitió como críticos, pero que quedaron sin reparar por falta de "partidas presupuestarias"-, el magistrado ordenó una reparación integral inmediata.
En sus argumentos el juez no sólo deja en claro la responsabilidad del Gobierno nacional sobre el estado de las rutas, sino que menciona expresamente el aumento de accidentes fatales por falta de mantenimiento e inversión.
No todo es equilibrio fiscal
Lo más escandaloso es este caso no son los baches, ni el estado de las rutas y menos la subejecución del presupuesto; lo más alarmante es la confesión oficial respecto del desvío de fondos de un tributo de asignación directa, como el Impuesto a los Combustibles, para sostener "equilibrio fiscal".
Fue el vocero presidencial Adrián Ravier el que confirmó que parte del dinero recaudado por el Impuesto a los Combustibles es utilizado para sostener el equilibrio fiscal. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, respondió el funcionario en una entrevista que le concedió a El Diario, de La Pampa.
En ese marco, desde la oposición se acumulan unas cuantas denuncias. Algunas quedaron solo en redes, otras forman parte de pedidos de informes en el Congreso y otras ya recorren tribunales. Desde la oposición aseguran que, de los 1,5 billones de pesos recaudados en el fideicomiso para obras viales, solo se aplicó una cuarta parte; el resto, más de 1 billón de pesos, duerme en plazos fijos y títulos públicos mientras el riesgo de transitar las rutas en Argentina es cada vez más alto.
El caso de las universidades
En la misma tónica, la de los fallos que reconcilian a la sociedad con el Poder Judicial, se inscribió hace un tiempo la decisión de la Justicia sobre los fondos para las casas de altos estudios nacionales.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En términos concretos, el fallo de la Cámara llegó luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la resolución favorable a las universidades públicas. En ese marco, la suspensión de la ejecución de la cautelar quedó sin efecto. Ahora será el juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick, el encargado de hacer cumplir lo que ya está dictaminado.
El poder Ejecutivo intentó por todos los medios, tanto en el Congreso como en Tribunales, restringir los fondos de las casas de altos que dependen del presupuesto nacional. Incluso luego de una derrota parlamentaria que incluyó el rechazo a un veto presidencial el Poder Ejecutivo intentó mediante el Decreto 759/25 condicionar el cumplimiento de una norma alegando la supuesta falta de "fuentes específicas de financiamiento".
Pese a los artilugios interpuestos por el Gobierno el Poder Judicial actuó acorde a derecho y obligó al Ejecutivo actualizar salarios docentes y garantizar becas.
La investigación sobre Adorni
Pero más allá de todo y con la mirada puesta en tensión permanente entre la política y la Justicia, la decisión que parece escaparle a las presiones de turno es el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita en la investigación que se sigue sobre el supuesto incremento del patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
El fiscal exige explicaciones sobre un "agujero negro" de 43 millones de pesos y más de 403.000 dólares. El requerimiento, que consta de 20 puntos quirúrgicos, interpela desde la compra de un Jeep hasta los 245.000 dólares pagados en efectivo a un contratista por remodelaciones en Indio Cuá.
Adorni tiene apenas un par de semanas 15 días para justificar no solo sus gastos sino también los préstamos que aseguró haber recibido. En ese marco, si las respuestas no satisfacen al juez Ariel Lijo, el exvocero desfilará rumbo a una declaración indagatoria en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.
No todo brilla
Claro que no todo brilla en torno al Poder Judicial. La compleja arquitectura diseñada por el Gobierno para cubrir las vacantes judiciales desde ya tiene dos caras. La buena, se cumple con ocupar lugares que harán más ágil el trámite judicial, lo malo tiene que ver con marca indeleble de los acuerdos políticos detrás de cada pliego y algún tipo de ligazón al poder de turno. Pero, todo es relativo y más con el paso del tiempo.
Vivimos en la tensión constante entre "la Justicia que sí", esa que con medidas o fallos parece no darle la espalda a la sociedad, y "la que no", aquella que cultiva los tiempos como semilla para la impunidad. Es una paradoja de nuestra historia que, por ejemplo, Cristina Kirchner haya nombrado a casi la mitad de la Justicia Federal y que, sin embargo, hoy esté condenada y cumpliendo prisión domiciliaria.
Hoy, bajo esa misma lógica, la mirada se posa sobre las vacantes que ya comenzó a llenar la administración de Javier Milei. Las causas que involucran a funcionarios de este Gobierno se acumulan casi con la misma velocidad que en cualquier otro. ANDIS; fentanilo contaminado, $LIBRA, enriquecimientos ilícitos y desvíos de fondos. El menú es completo. En ese marco, siempre existe el temor de que los magistrados nombrados durante una gestión garanticen a posteriori la impunidad de los funcionarios que les dieron la chance de ascender en la carrera judicial. El temor siempre existe, la única respuesta la tiene el paso del tiempo.
El momento de las especulaciones llegará cuando Javier Milei deje el poder, mientras tanto es bueno por un rato fijar la mirada en esa suerte de oasis de institucionalidad que son los fallos y las medidas que se ajustan a derecho y no se ven doblegadas ni postergadas por el poder político de turno. Por la Justicia que sí.
