Castigo a la buena gestión

El infrecuente buen funcionamiento de una empresa pública induce al contrasentido de que el gobierno afecte el prestigio de su conducción y castigue al bolsillo de los usuarios de sus servicios. Es el caso de UTE, confirmado en declaraciones de su presidente Gonzalo Casaravilla a varios medios. Después de años de silencio, salió a defender públicamente la gestión del ente estatal y a señalar que "con el ministerio de Economía" tienen "intereses encontrados". El resultado de este desencuentro es que, por cuarto año consecutivo, las tarifas de electricidad suben por decisión del gobierno cuando UTE sostenía que debían bajar, gracias a los buenos resultados financieros de la empresa.

La instancia más reciente, que viene repitiéndose desde 2015, es el aumento del 3,2% que regirá desde el 1º de enero, más de 10 puntos porcentuales por encima de las tarifas que quería fijar UTE. El ministerio quería incluso incrementarlas en 7%, pero redujo sus aspiraciones en un dejo de pudor fiscal que no disimula su afán recaudatorio para paliar traspiés financieros de los gobiernos del Frente Amplio. Estas claudicaciones vienen desde 2005 y se agudizaron bajo la administración Mujica, con despilfarro de los ingresos públicos que entraban caudalosamente durante una década de bonanza exportadora, en vez de equilibrar el gasto público y crear un fondo de ahorro, como hiciera Chile.

Casaravilla se abstuvo de hostilizar abiertamente al Ministerio de Economía al afirmar que "no hay espacio para el enojo" y que el manotazo financiero a UTE, a través de aportes crecientes a Rentas Generales, "es necesario" para paliar el déficit fiscal. Pero, por un lado, es notorio que las reiteradas declaraciones públicas del jerarca son una fundada defensa del ente y una transferencia formal al gobierno de su ya conocida responsabilidad en obligar a los usuarios a pagar de más para tapar los agujeros estatales. Y por otra parte, ni siquiera el drenaje de los recursos de UTE ha servido para bajar el déficit fiscal, que se mantiene incambiado en 3,5% del Producto Interno Bruto por la incapacidad gubernamental para racionalizar el excesivo gasto público, como acaba de quedar ratificado con la pésima fórmula del Frente Amplio para solucionar el problema jubilatorio de los cincuentones.

El presidente de UTE destacó que de 2015 a 2017 la empresa aportó a la bolsa gubernamental US$ 630 millones, a lo que se agregará la extracción cuantiosa que acumule la suba de tarifas en 2018. Señaló también que UTE ha contribuido a Rentas Generales con el 80% de los aportes exigidos por el gobierno a las empresas públicas, porcentaje que ejemplifica el contraste entre la gestión adecuada del ente y las flaquezas de otros, especialmente el desastre financiero dejado en ANCAP por sus anteriores autoridades. Esta práctica nociva de exprimir las ganancias de UTE y deprimir el bienestar de todos los uruguayos difícilmente se revierta en 2019. Con una elección nacional en puerta, que desalienta habitualmente apretar el cinturón del gasto público, y apremiado por bajar el déficit fiscal para tratar de mantener el grado inversor, la perspectiva es que las tarifas sigan exageradamente altas. El gobierno ha intentado débiles explicaciones para justificarlas. Pero es una cortina de humo que ya no engaña a nadie.