Dos casos de personas que criticaron al gobierno y fueron escrachados con información estatal

A los pocos días de que se conociera el caso del padre que buscaba refugio con su hijo y que denunció que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no le dio refugio, el gobierno filtró las anotaciones policiales que el Ministerio del Interior tenía registradas. Si bien el hombre reconoció este lunes que tiene antecedentes penales, la información no es relevante para este caso, entiende el abogado.

En diálogo con radio Carve, Gustavo Casterlli reconoció que estuvo preso pero que "eso fue hace muchos años" y que luego se convirtió en testimonio positivo sobre "cómo se sale de la droga". El hombre actualmente vive en una casa que le prestaron porque no recibió una solución de parte del Mides.

"Si la finalidad para la cual se utiliza la información es la de exponer a la persona que está haciendo un reclamo legítimo es una desviación de poder", dijo Pezzutti a El Observador.

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Pezzutti explicó que cuando la administración sale a debatir con alguien por un hecho y le enrostra determinada circunstancia que está en conocimiento del Estado, lo que está haciendo es "utilizar información para una finalidad distinta de aquella con la cual se le dio el poder de tener esa información" y de esa forma se podría configurar la desviación de poder. Si bien este hecho no configura un delito, el Estado podría exponerse a una demanda por daños y perjuicios. "La desviación de poder es un vicio genérico de cualquier actividad administrativa", explicó.

El problema en este caso, según entiende el abogado, es la ética con la que actúa el gobierno. "Es una información irrelevante para la finalidad con la que se está usando", explicó. Para este tipo de casos, según el abogado, es indiferente si la información que maneja el gobierno es pública o privada.

Para la profesora adjunta de Informática Jurídica y Derecho Informático en la Universidad de la República María Luisa Tosi, las anotaciones policiales han sido "tradicionalmente" públicas. De todas formas, Tosi no quiso referirse a este caso en particular porque "no tenía toda la información".

A mediados de febrero el gobierno ya tuvo una actitud parecida pero de forma "oficial". En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo publicó en su página web las deudas que tenía con el Instituto de Colonización el productor Gabriel Arrieta. Horas antes, Arrieta había discutido con el presidente Tabaré Vázquez y lo había acusado de mentiroso. En aquella oportunidad varios abogados entendieron que el comunicado violaba la ley aunque el caso dividió la opinión de los expertos en manejo de datos. De todas formas, el hecho fue cuestionado desde el punto de vista ético.

"El dato debe utilizarse para la finalidad para la cual fue recabado. El procesamiento del dato más allá de esa finalidad es ilegal", dijo en aquel entonces a El Observador Ana Brian, doctora en derecho y ciencias sociales.

Acusaciones familiares

En declaraciones a Carve, Matías Castellini, hermano del hombre que estuvo en situación de calle con su hijo, dijo que estuvo viviendo con él en el Cerro, pero que lo echó de su casa porque le robó cosas para salir a consumir droga. "Mi abuela lo echó (de su casa en Salto) por consumir. (...) Le di alojamiento en mi casa (en Montevideo), lo lamento por mi sobrino, pero lo eché, me vino a rastrillar a mí", contó. Según su versión, el padre del niño le robó herramientas, reproductores de música, una campera y una garrafa. "Ahora sí, le hice la cruz", agregó.

El padre de Castellini también fue consultado por Carve, y allí mencionó que el niño tenía dónde quedarse.

Gustavo Castellini está viviendo en una casa que le prestaron luego de que se hiciera pública su situación, agregó además que recibió unas 20 ofertas de trabajo, por lo que ya no volverá a pedir ayuda a los servicios estatales. "Yo ya no quiero hablar con el INAU ni con el Mides. Ya estoy bien, ya tengo trabajo y cada uno que haga su mundo", concluyó.