Una amplia delegación de legisladores del Frente Amplio presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de artículo único que busca corregir lo que consideran una "inequidad" en el mercado laboral uruguayo.
La propuesta tiene como objetivo central modificar el artículo 4° de la ley 19.313, la norma que desde 2015 regula el trabajo nocturno en el país, para que el pago de la compensación económica sea proporcional al tiempo efectivamente trabajado en el horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00 horas.
El régimen actual: la barrera de las cinco horas
Hoy en día, la ley 19.313 establece que el trabajo nocturno es aquel que se desarrolla en el bloque horario mencionado. Sin embargo, para que un trabajador tenga derecho a percibir la sobretasa del 20% (o su equivalente en reducción horaria), la normativa vigente impone una condición estricta: debe desempeñar sus tareas por más de cinco horas consecutivas por jornada.
En la exposición de motivos del nuevo proyecto, los legisladores explican que esta exigencia fue, en su momento, una "fórmula transaccional" necesaria para lograr la aprobación de la ley original.
No obstante, advierten que en la práctica esta limitante funciona como un bloqueo para miles de trabajadores que, realizando tres o cuatro horas en la noche, no perciben ningún tipo de beneficio adicional por el desgaste que implica ese horario.
La modificación propuesta establece que el beneficio se aplicará sin importar la cantidad de horas consecutivas. De aprobarse, el texto legal indicaría que el trabajo nocturno se desempeña entre las 22:00 y las 06:00, pero se eliminaría el párrafo que condiciona el pago a las cinco horas de labor.
Esto implica que si un trabajador realiza, por ejemplo, dos horas de labor dentro del horario nocturno, el empleador deberá abonarle la compensación del 20% prorrateada por ese tiempo.
Según los impulsores, esto iguala la normativa general con sectores que ya gozan de este beneficio por convenios específicos, como los trabajadores de tambos (ley 13.130) o el sector de tiendas (Grupo 10), donde la prima por nocturnidad se abona de forma proporcional desde hace años.
-
El trasfondo: salud, seguridad y dignidad humana
El sustento técnico del proyecto al que accedió El Observador descansa en las consecuencias negativas que el trabajo nocturno tiene sobre el organismo humano.
El documento cita informes del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Udelar, que advierten sobre la alteración del "ritmo circadiano". El ser humano, argumentan, está biológicamente programado para trabajar de día y descansar de noche; la privación de este sueño natural genera mayor tendencia a la ansiedad, depresión, trastornos gastrointestinales e incremento del riesgo cardiovascular, explican. Y que forzar al organismo a mantenerse despierto en horas fisiológicamente anormales afecta los vínculos sociales y la seguridad del trabajador.
El proyecto sostiene que este daño ocurre independientemente de si se cumplen o no las cinco horas consecutivas, por lo que compensar solo a una parte de los trabajadores nocturnos atenta contra la "dignidad de la persona" y constituye un imperativo de justicia social. Asimismo, los legisladores enfatizan que quienes trabajan pocas horas en la noche enfrentan los mismos riesgos de seguridad y dificultades de transporte que quienes completan una jornada nocturna entera.
Desde el punto de vista jurídico, el proyecto se ampara en el principio de progresividad, derivado de pactos internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este principio obliga al Estado a adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos sociales y económicos, implicando una mejora continua de las condiciones laborales. Para los legisladores firmantes, la normativa debe ser dinámica y evolutiva, permitiendo el "sobrepujamiento" y avance constante de los derechos de los trabajadores, entendiendo que cada ley es un piso mínimo de protección y no un techo.
- Un antecedente que quedó por el camino
Esta no es la primera vez que la propuesta llega al Parlamento. El proyecto tiene como antecedente directo una iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en setiembre de 2016 con un amplio respaldo (63 votos en 65 presentes). Sin embargo, aquel texto nunca fue tratado por el Senado y terminó siendo archivado al finalizar el período de legislatura.
Ahora, con las firmas de representantes como Bruno Giometti, Daniel Diverio, Inés Cortés y Fernando Amado, entre otros, el Frente Amplio busca retomar la discusión bajo el argumento de que es un "imperativo de justicia" elevar el nivel de protección de la persona trabajadora y respetar su dignidad. El texto ya se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social para su análisis.