El derecho a votar de Suárez y Cavani, una ley "engendro" y varios recursos de inconstitucionalidad

Entre lamentos y acusaciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición y el cuestionamiento del oficialismo a que quienes emigraron no pueden votar desde el país en el que viven, el Senado aprobó este martes con los votos del Frente Amplio el proyecto de ley interpretativo sobre los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía.

Con esa ley se instalará una comisión que elaborará un nuevo proyecto para instrumentar el sufragio fuera de fronteras, pero que difícilmente vea la luz en el Parlamento porque necesita de dos tercios de los votos, que el partido de gobierno no tiene.

El texto, de tan solo cuatro artículos, llevó a un debate de más de seis horas sobre una discusión que lleva décadas en el país y, que si bien esta vez derivó en la aprobación de una norma, en los hechos no modifica la realidad de quienes quieren votar sin viajar, porque siguen sin poder hacerlo. En la actualidad son 500 mil uruguayos los que viven fuera de fronteras.

Oposición y oficialismo se empeñaron en llevar el foco del tema por carriles paralelos. Los primeros afirmaban que el debate no se centraba en si el voto en el exterior está bien o mal, sino en el mecanismo que estaba por votar el Frente Amplio para interpretar lo que dice la Constitución sobre la soberanía y ciudadanía. En ese sentido, la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín (suplente de Carol Aviaga) quiso dejarlo claro con un ejemplo futbolero y señaló durante su intervención que no se estaba discutiendo "si (Luis) Suárez y (Edinson) Cavani pierden o no el derecho de votar".

Los segundos insistían en que lo que se estaba poniendo nuevamente sobre la mesa era el derecho al voto fuera de las urnas uruguayas, que definía "el tipo de nación" que Uruguay pretende ser, según manifestó la senadora Daniela Payssé.

El proyecto, ahora ley, fue tildado de "engendro" por parte del senador nacionalista Jorge Larrañaga, de oportunista al plantearse en año preelectoral por el colorado Pedro Bordaberry y de atropello según el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien remarcó que está de acuerdo con que se busque un mecanismo para que los emigrantes puedan votar, pero que rechaza tajantemente lo aprobado con los votos del Frente Amplio.

"No estamos buscando un mecanismo para considerar a la diáspora, estamos buscando incidir en el resultado electoral", dijo ya sobre el final de la sesión el nacionalista Pablo Iturralde, suplente de Carlos Camy, resumiendo lo que quiso dejar claro la oposición en las horas de sesión. Cuando era el turno de votar el proyecto, se retiró de sala para expresar su malestar, algo que también hizo Larrañaga.

El rechazo por lo votado es tal que la oposición coincidió en presentar un recurso de inconstitucionalidad, según manifestaron Mieres y Larrañaga en sala. Según la oposición, la inconstitucionalidad está dada porque se pretende interpretar algo que la Constitución no dice.

"Hay un error conceptual. Una cosa es interpretar y otra reformar la Constitución. Para interpretar algo, el texto tiene que ofrecer dudas y ser ambiguo. Acá no hay nada de eso. No se está interpretando nada, se está creando una norma inconstitucional", dijo Bordaberry en la misma línea que lo que manifestaron constitucionalistas como Ruben Correa Freitas y Martín Risso.

Por su parte, Larrañaga decidió retirarse de sala al momento de votar porque afirmó que "no se está respetando el pronunciamiento del pueblo y eso es realmente preocupante". Larrañaga se refería al plebiscito de reforma constitucional por el voto epistolar realizado en las elecciones de 2009, que no prosperó porque solo fue votado por 38% de los ciudadanos.

Ese plebiscito fue tan mencionado por oposición y oficialismo en las horas y horas de debate, que pareció por momentos ser el centro de la discusión. Sobre el escritorio de la senadora frenteamplista Payssé siempre estuvo la papeleta blanca con el "Sí" de aquella época, en una hoja bastante más grande que la original.

El "Sí" quiso ser recordado en toda la sesión por parte del Frente Amplio porque para los senadores frenteamplistas se está violentando el derecho de uruguayos a ejercer su soberanía porque no todos los que viven en el exterior pueden pagarse un pasaje y viajar a Uruguay en época de elecciones.

"Tenemos la necesidad de encontrarle una salida a este problema. Hay un problema grande, que afecta a 16% de los uruguayos. Los obligamos a ejercer su derecho al voto viajando a Uruguay", dijo Constanza Moreira y definió la situación actual como de "déficit democrático".

"Quiero saber qué piensan realmente (en la oposición), no lo quiero interpretar", señaló en su segunda intervención, cuando se acercaban las siete horas de debate.

Moreira fue la encargada de informar en la sala el alcance del proyecto y al terminar su informe sobre el proyecto de ley –al comienzo de la sesión- los demás senadores del Frente Amplio le agradecieron con el pulgar para arriba.

Mientras que la senadora apeló a la memoria al recordar que muchos uruguayos emigraron hace décadas atrás, Mónica Xavier volvió a los tiempos que corren. "En este mundo, la gente se moviliza", dijo y afirmó que como hija de madre italiana nacionalizada vota en Italia.

Por un lado, el texto interpreta dos artículos de la Constitución: por un lado, el párrafo 1 del 77 que indica que "todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán", y el 81, que sostiene que "la nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico".

Por el otro, crea una comisión que en un plazo de 120 días a elaborar otro proyecto de ley que legisle la forma en la que se implementará el voto en el exterior. La comisión deberá no solo hacer un proyecto sino también un informe y será integrada por un representante de cada partido con representación parlamentaria, un miembro de la Cancillería, uno de la Corte Electoral, dos miembros de asociaciones civiles y será presidida y coordinada por la Institución Nacional de Derechos Humanos.