Desolación es la palabra que persiste una semana después de la peor devastación que ha vivido España en los últimos tiempos. La que fue causada por una DANA que golpeó con una violencia nunca vista a la Comunidad Valenciana, cobrando la vida de al menos 215 personas, la desaparición cuyo número es desconocido y causando daños incalculables en unos 70 municipios de la provincia de Valencia.
Días atrás, la Comunidad Valenciana habilitó la sede de la Feria de Valencia para recibir los cuerpos, con una capacidad para 400 personas. Aún así, no hay cifras oficiales de la cantidad de desaparecidos que aún se buscan y cuyos cuerpos comienzan a aparecer en garajes, playas y márgenes de los ríos que se desbordaron.
Aún hoy, vecinos, voluntarios y efectivos de seguridad trabajan sin descanso en la asistencia a los daminificados, la remoción de escombros, el retiro de vehículos, que siguen apilados, y el desagote de agua en las zonas más afectadas.
UN EJÉRCITO DE VOLUNTARIOS
Muchos pueblos continúan aislados e incomunicados y tanto autoridades como pobladores reclaman la ayuda que no llega.
Desde que se desató la tragedia, miles de ciudadanos se autoconvocaron y caminaron por las carreteras y entre las calles embarradas, con palas, cubos, alimento y agua para asistir a las víctimas del desastre.
Las redes sociales se llenaron de durísimas imágenes, testimonios y pedidos de auxilio.
De acuerdo con el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), las labores en curso también incluyen la revisión de estructuras en edificios, cauces de ríos, carreteras y vías férreas, además de instalaciones de agua, electricidad y gas. A la fecha, el 98% del suministro eléctrico ha sido restablecido, y el 93% de la población afectada ya cuenta nuevamente con acceso a agua potable, aunque se recomienda el uso de agua embotellada para consumo humano.
INDIGNACIÓN, REPUDIO Y ACUSACIONES CRUZADAS
El temporal ha despertado una fuerte indignación en la población, que reclama respuestas tanto al Gobierno central como a las autoridades autonómicas, exigiendo explicaciones sobre la falta de alertas tempranas y los recursos destinados a la ayuda.
El gobierno de Sánchez afirma que Mazón minimizó las alertas y no pidió ayuda a tiempo mientras que el presidente de la Comunidad Valenciana apunta a los organismos del gobierno central como Confederación Hidrográfica del Júcar de no advertir del riesgo o a considerar que la Unidad Militar de Emergencias tenía autonomía para operar.
El enojo se expresó con especial intensidad en la visita reciente de los reyes Felipe VI y Letizia, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Paiporta. Allí, ciudadanos les increparon al grito de "asesinos" y "fuera", incluso lanzando barro y otros objetos.
El presidente Sánchez fue evacuado en medio de esta tensa situación, mientras los reyes permanecieron en el lugar, escuchando a los afectados y tratando de transmitir un mensaje de calma.
Fueron Felipe Vi y la reina Letizia los únicos que a pesar del rechazo, los insultos y el barro se quedaron entre la gente, expresaron su comprensión hacia el "enfado y frustración" y lograron una cercanía que parecía imposible. La imagen de Letizia llorando recorrió los diarios del mundo.
Los conflictos y cruces entre las autoridades de la Comunidades Valenciana y los integrantes del gobierno de Sánchez se multiplicaron mientras crecía la magnitud del desastre.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, afirma que solicitó el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) la tarde del martes, pidiendo "toda la ayuda posible". Sin embargo, el teniente general de la UME, Javier Marcos, defendió la rápida respuesta de sus efectivos, quienes lograron movilizarse en solo 15 minutos tras recibir la autorización, aunque el número de efectivos iniciales fue limitado por las condiciones meteorológicas adversas. A día de hoy, hay cerca de 7,800 militares trabajando en la zona afectada.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), señalada por el presidente Mazón por haber desactivado la alerta hidrológica en tres ocasiones durante el temporal, respondió indicando que su función se limita a proporcionar datos sobre pluviometría y niveles de agua, sin responsabilidad en la emisión de alertas.
FUERZAS DE SEGURIDAD
Más de 1,700 bomberos de 42 organismos, junto con 6,700 efectivos militares (que aumentarán a 7,800), se encuentran trabajando sobre el terreno afectado. La seguridad ciudadana está cubierta por 6,000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, más de 400 efectivos de policías locales y 103 miembros de la Policía de la Generalitat.
Las labores de búsqueda de posibles víctimas desaparecidas, que aún no cuentan con una cifra oficial, se están llevando a cabo en puntos críticos como el río Magro y la Rambla del Poyo, con el apoyo de drones y unidades caninas de rastreo. Hasta el momento, el balance de víctimas mortales se mantiene en 211, y continúa el proceso de identificación y levantamiento de cuerpos.
El desastre ha dejado una marca profunda en la región, y si bien se ha levantado la alerta amarilla por lluvias el Plan de Inundaciones se mantiene en situación de nivel 2 en la provincia de Valencia, y se recomienda que se limiten los desplazamientos en las principales vías de entrada y salida de la Comunidad.
CARRETERAS QUE SIGUEN CORTADAS
La situación de las carreteras sigue siendo compleja. En Valencia, permanecen cerradas vías importantes como la A-7, entre Quart de Poblet y Torrent; la N-3 en Siete Aguas; la CV-33 en Torrent; y la CV-36 de Picanya a la A-7, entre otras. Las autoridades han solicitado a los ciudadanos evitar el uso de vehículos privados, recomendando el teletrabajo y habilitando 12 nuevas líneas de Metrobús para facilitar el transporte alternativo a través de Metrovalencia.
El listado provisional de municipios afectados es extenso, incluyendo localidades como Alaquàs, Albal, Cullera, Torrent, Paiporta y varias pedanías de Valencia, entre otras. En cada una de estas zonas se concentran brigadas que retiran escombros y revisan el estado de las infraestructuras.
