El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, concluyó este jueves que la Ley de Amnistía no vulnera los intereses financieros de la Unión ni la directiva europea contra el terrorismo, y rechazó que se trate de una “autoamnistía”.
El dictamen —aunque no vinculante— marca un punto de inflexión político y judicial: refuerza la posición del Ejecutivo español y allana el regreso de Carles Puigdemont, líder de Junts, que sigue prófugo de la Justicia española y residiendo en Bélgica desde 2017.
Una amnistía “en contexto de reconciliación”
Spielmann sostiene que la ley “parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social”, y subraya que no persigue proteger a un régimen o a sus dirigentes, sino “dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional”.
Con estas palabras, el abogado general rebate una de las críticas más persistentes de la oposición y de parte de la Comisión Europea: que la norma equivaldría a una autoamnistía política para los impulsores del procés.
Según Spielmann, no existe un vínculo directo entre los beneficiarios y quienes promovieron la ley, por lo que el argumento de la autoamnistía “no se sostiene”.
Un argumento polémico ya que los autores del golpe institucional contra España, con Puigdemont a la cabeza, son todos aliados del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso.
Los límites del perdón
No obstante, el informe apunta una advertencia relevante: el plazo de dos meses que la ley impone a los jueces para aplicar la amnistía podría vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva.
A su juicio, ese margen de tiempo podría resultar insuficiente para examinar la complejidad de algunos casos, especialmente los que involucran fondos públicos o cuestiones aún pendientes ante el TJUE.
Esa observación deja un margen de revisión procedimental al Tribunal de Cuentas y a los tribunales españoles, pero no cuestiona el fondo de la amnistía, que queda validado en los aspectos esenciales: la malversación y los delitos de terrorismo vinculados al independentismo catalán.
Impacto político inmediato
Desde Moncloa, la reacción fue inmediata. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificó las conclusiones como “una victoria rotunda” y una “validación europea” de la estrategia del Ejecutivo.
En cambio, la oposición interpretó el dictamen con alarma. Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo, afirmó que “el TJUE advierte del riesgo para la independencia judicial y la separación de poderes”, y acusó a Pedro Sánchez de haber impulsado la ley “solo por impunidad”.
Mientras tanto, los separatistas de ERC y Junts celebraron el avance europeo.
Desde Esquerra, Gabriel Rufián aseguró que “la vía europea es la única salida”, insistiendo en que los jueces españoles “no aplican la ley porque no quieren”.
En el entorno de Puigdemont, la lectura fue más simbólica: el informe abre el camino a un posible retorno sin causas pendientes, aunque el ex presidente catalán evita aún comprometer fechas.
El horizonte judicial
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá ahora emitir una sentencia definitiva —sin fecha concreta—, que será vinculante para los tribunales españoles.
Si confirma las conclusiones del abogado general, la Ley de Amnistía quedará blindada ante el derecho comunitario, y los procesos abiertos por malversación o terrorismo ligados al procés deberán archivarse.
Para el Gobierno de Sánchez, el paso refuerza su posición en plena negociación presupuestaria y desactiva, al menos temporalmente, la presión de Junts.
Para Puigdemont, supone el aval europeo más sólido desde su huida a Waterloo.
Un respiro político en clave europea
El dictamen de Spielmann representa un respiro para el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras meses de tensión con sus socios independentistas y con Bruselas.
Sin embargo, la advertencia sobre la tutela judicial efectiva recuerda que el debate sobre la independencia judicial en España —y su relación con el poder político— seguirá en el foco europeo.
En lo inmediato, la amnistía sale reforzada. Pero la última palabra la tendrá Luxemburgo, y su eco puede redefinir no solo el futuro judicial de Puigdemont, sino también el equilibrio político que sostiene a la actual legislatura.
FUENTE: El Observador
