Lo que importa
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El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión de Pablo Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación en el caso del 'procés' para Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Los magistrados desestimaron los recursos de apelación de las defensas, argumentando que la decisión del juez no contraviene la voluntad del legislador.
En julio de 2023, Llarena ya había rechazado la aplicación de la amnistía al delito de malversación, una postura que mantuvo tras un recurso en septiembre.
La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde había defendido en julio que se estimaran los recursos, al argumentar que no había enriquecimiento personal en el caso de los encausados.
Contexto
¿Qué motivó la decisión del Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo ratificó la postura del juez instructor Pablo Llarena, quien había rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación a los exresponsables del Govern catalán, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Los magistrados del Supremo consideraron que la decisión de Llarena era coherente con la voluntad del legislador y no contravenía ninguna disposición legal.
¿Cómo se desarrolló este proceso judicial?
El caso comenzó en julio de 2023, cuando Llarena decidió no aplicar la amnistía a Puigdemont, Comín y Puig respecto al delito de malversación relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En respuesta, las defensas presentaron un recurso que fue desestimado en septiembre del mismo año, con Llarena reafirmando su postura. Posteriormente, en julio de 2024, se presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, que fue desestimado por la sala encargada de evaluar el caso.
¿Qué argumentos esgrimió la teniente fiscal del TS?
En la vista pública del 10 de julio, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde defendió que se estimaran los recursos presentados por las defensas. Su argumento se basaba en la idea de que el instructor del 'procés', Llarena, había "inventado" el concepto de enriquecimiento personal de los acusados al vincularlos con el gasto público utilizado para la organización del referéndum ilegal de 2017. Este argumento no fue suficiente para cambiar la decisión del Supremo, que respaldó la interpretación del juez instructor.
Cómo sigue
La negativa del Supremo y la reiteración de la postura de Llarena refuerzan la postura judicial de que no cabe aplicar la amnistía en este caso particular, a pesar de los recursos de apelación presentados por las defensas. A medida que continúan los procesos judiciales relacionados con el 'procés', es probable que los abogados de los implicados sigan intentando nuevas vías legales para impugnar la decisión, ya sea mediante más recursos o nuevas estrategias. Sin embargo, por ahora, el rechazo de la amnistía sigue siendo un obstáculo importante para los exmiembros del Govern, que continúan enfrentando cargos por malversación en relación con el referéndum ilegal.
