El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Puente considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
Beneficios por adjudicación de contratos
En el auto dictado este lunes el magistrado sostiene que los tres investigados “se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia”.
El instructor ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular— para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como para solicitar diligencias complementarias.
Una investigación en dos partes
Puente adopta esta decisión tras haber resuelto, en septiembre, dividir la causa: la pieza principal se centra en los contratos de mascarillas, mientras que una pieza separada aborda la presunta trama de cobro de comisiones por obras públicas.
En aquel momento, el magistrado ya advirtió que la parte relativa a las obras públicas se encontraba en una fase “muy incipiente”, mientras que la de los contratos de mascarillas estaba “muy avanzada”, siendo previsible la pronta finalización de la instrucción de esa parte principal.
“Existen muy consistentes indicios”
El instructor subraya ahora que “existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados José Luis Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos”.
Asimismo, añade que “Ábalos y Koldo recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales”.
Los roles en la presunta trama
Según el auto, el empresario Víctor de Aldama era el encargado de “la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí”.
Por su parte, Koldo García, aprovechando “su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste, se encargaba de “realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables”.
