La medida se aplicaría al renovar contratos y podría reducir o eliminar las deducciones fiscales actuales a los propietarios.
El Gobierno analiza utilizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como mecanismo de penalización para los propietarios que incrementen el precio del alquiler al finalizar el contrato, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.
La medida, publicada por El País, no afectaría a las actualizaciones anuales permitidas por la ley -habitualmente vinculadas al IPC-, sino únicamente a las subidas aplicadas en el momento de renovar el contrato de arrendamiento.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado que la propuesta se encuentra en negociación con los grupos parlamentarios, tras el rechazo de los socios del Gobierno a la bonificación del 100% en el IRPF para quienes mantuvieran congelada la renta.
En la actualidad, la Ley por el Derecho a la Vivienda contempla una reducción general del 60% en el IRPF para contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023, de modo que el propietario declara el 40% del rendimiento neto.
Para contratos suscritos a partir de esa fecha, la reducción general es del 50%, que puede ampliarse al 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años anteriores o al 70% si está integrada en un programa público de alquiler a precio de mercado.
Con la nueva propuesta en estudio, la reducción general del 50% podría disminuir progresivamente si el propietario eleva el precio del alquiler, e incluso quedar eliminada en determinados supuestos.
En las zonas declaradas como tensionadas, la normativa actual prevé reducciones del 70% si la vivienda se alquila por primera vez a inquilinos de entre 18 y 35 años.
Asimismo, los propietarios pueden beneficiarse de una reducción del 90% si en un nuevo contrato rebajan la renta en más de un 5%, en el marco de los mecanismos de control previstos en la ley de vivienda.
La reforma en negociación podría modificar el alcance de estas ventajas fiscales en función de la evolución del precio pactado en cada renovación contractual.
El Ejecutivo también plantea introducir condiciones más estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.
Además, prevé extender las garantías del alquiler habitual a los contratos por habitaciones, estableciendo que la renta conjunta no supere la del arrendamiento completo de la vivienda.
En zonas tensionadas, los alquileres por habitaciones quedarían sometidos a los mecanismos de control de rentas previstos en la legislación vigente, en línea con las medidas que se negocian entre los ministerios de Hacienda y Vivienda.
