Bruselas alerta del impacto en el espacio Schengen y subraya que los permisos solo permiten residir y trabajar en el país que los concede.
La UE busca evitar efectos colaterales en la región.
La Comisión Europea ha expresado reservas ante el proceso de regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español prevé iniciar en abril, al considerar que puede tener efectos en el conjunto de la Unión Europea.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha señalado en una entrevista con EL MUNDO que esta medida, aunque de competencia nacional, puede generar “un impacto en otros Estados miembros” dentro del espacio Schengen, caracterizado por la ausencia de fronteras interiores.
Brunner ha sido contundente al explicar las limitaciones de los permisos de residencia concedidos por España. “Un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió”, afirmó en declaraciones a El Mundo.
En este sentido, advirtió de que si una persona regularizada en España es localizada en situación irregular en otro país comunitario, “esa persona debe regresar a España”.
El comisario también alertó de posibles riesgos asociados al proceso: “Podría suponer un problema para los demás Estados miembros si, por ejemplo, esa persona se da a la fuga”.
La postura de Bruselas refleja una creciente preocupación sobre las consecuencias de decisiones nacionales en materia migratoria. Brunner ya había advertido en el Parlamento Europeo que “el permiso de residencia no es un cheque en blanco”.
“La migración es un reto compartido entre los Estados miembros y la Unión Europea”, sostuvo, subrayando que cada país debe garantizar que sus políticas no generen efectos negativos en el resto del bloque.
Esta posición se ha endurecido en las últimas semanas, en parte por la presión política ejercida en el seno del Partido Popular Europeo (PPE). Durante su cumbre en Zagreb, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó su preocupación a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En las conclusiones del encuentro se recogió que “la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria”.
El plan del Gobierno español contempla regularizar a entre 500.000 y 800.000 inmigrantes en situación irregular. Aunque su inicio está previsto para abril, existen dudas sobre posibles retrasos en su puesta en marcha.
La fecha límite para presentar solicitudes se ha fijado en el 30 de junio, lo que convierte esta iniciativa en una de las mayores regularizaciones de los últimos años en Europa.
Desde Bruselas han asegurado que vigilarán de cerca el desarrollo del proceso y sus posibles efectos sobre otros Estados miembros.
La regularización no es el único punto de fricción entre España y la Unión Europea en materia migratoria. El Gobierno también ha mostrado su rechazo a los centros de deportación en terceros países, una medida recientemente aprobada por el Parlamento Europeo.
Este modelo permitiría trasladar inmigrantes a países distintos de los de origen, siempre que existan acuerdos previos y se respete el principio de no devolución.
La iniciativa sigue la línea impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien promovió la creación de centros en Albania. “Europa finalmente va en la dirección justa”, afirmó Meloni, defendiendo que estos mecanismos refuerzan el control fronterizo y hacen más eficaces las repatriaciones.
El contraste entre la estrategia española y la tendencia mayoritaria en la UE evidencia un debate de fondo sobre cómo gestionar la migración en el bloque comunitario.
Mientras Bruselas insiste en la coordinación y en evitar efectos colaterales entre países, el Gobierno español apuesta por una regularización amplia que podría marcar un precedente en la política migratoria europea.