El sindicato policial JUPOL lanzó duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras los incidentes que obligaron a suspender parcialmente la última etapa de la Vuelta Ciclística a España.
La organización denunció "órdenes políticas para no actuar" ante las protestas propalestinas ocurridas durante el evento y exigió la dimisión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
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“Se permitió el boicot”: la denuncia del sindicato JUPOL
El sindicato policial afirmó que los disturbios del domingo fueron consecuencia directa de decisiones políticas deliberadas.
“Las órdenes dentro del dispositivo policial fueron claramente órdenes políticas encaminadas no a salvaguardar el orden público y a evitar las protestas, sino a que se produjera el boicot a la Vuelta, como finalmente ocurrió”, indicaron fuentes de JUPOL.
Desde el sindicato aseguran que existía una previsión clara sobre el nivel de las protestas y se pudo haber evitado el caos.
“Teníamos claro que las protestas iban a ser muy contundentes y numerosas, y aun así se permitió la presencia de individuos y colectivos que podían provocar altercados”, añadieron.
En una imagen que circuló ampliamente en redes sociales, se observa cómo agentes de policía se retiran del lugar de la protesta mientras manifestantes derriban vallas en el Paseo de la Castellana. JUPOL considera que esa escena es representativa de la supuesta directriz política.
“Nunca damos la espalda a un conflicto cuando hay un problema de seguridad ciudadana. Esa retirada fue una mala operativa”, señalaron.
También acusan al Ejecutivo de negar a los agentes el uso de material antidisturbios y de desplegar un número insuficiente de efectivos, pese a las advertencias sobre la magnitud de las manifestaciones.
Apoyos sindicales: SUP y JUCIL respaldan las críticas
El malestar no es exclusivo de JUPOL. El sindicato SUP, también representativo en la Policía Nacional, expresó su repudio al operativo:
“Se buscó claramente cortar la Vuelta, comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de los propios policías, todo por conveniencia política”, afirmó en un comunicado.
“Se ató a los policías nacionales de pies y manos. En condiciones normales, la Vuelta nunca se hubiera cortado”, agregó.
Por su parte, la asociación JUCIL, que representa a la Guardia Civil, coincidió en las críticas y calificó la planificación como “negligente”.
“La violencia se pudo haber evitado. El recorrido podría haberse aislado del público ante la previsión de protestas”, sostuvieron.
Los tres colectivos exigen la identificación del responsable del dispositivo, una figura que, según los sindicatos, actualmente está vacante:
“El puesto de comisario general de Seguridad Ciudadana está sin ocupar. Exigimos saber quién dirigió el operativo y que asuma responsabilidades”, reclamaron.
La respuesta del Gobierno: Marlaska defiende el operativo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó las acusaciones sindicales y defendió la actuación policial. Aseguró que el "dispositivo fue absolutamente suficiente. Se asimiló al de eventos como la Conferencia de la OTAN de 2022”, afirmó.
Marlaska elogió a la Policía Nacional por su “actuación proporcional y eficaz” en una situación “compleja”, y subrayó que se garantizaron tanto el derecho a manifestarse como la seguridad de los ciclistas y los asistentes.
También confirmó que 22 agentes resultaron heridos durante los incidentes y les deseó un “rápido restablecimiento”.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, minimizó los disturbios y defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse: “Una inmensa mayoría ejerció su derecho de forma pacífica. Fue la expresión de una sociedad comprometida con la paz”, expresó.
FUENTE: El Observador
