Contexto
¿Por qué se está solicitando la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE?
El Gobierno de Pedro Sánchez busca que estas lenguas, habladas por millones de ciudadanos en España, sean reconocidas como oficiales dentro de la UE. Este reconocimiento, que se comprometió a defender en agosto de 2023 para asegurar la investidura de Sánchez, tiene un fuerte componente simbólico y práctico, ya que garantizaría su uso institucional y en la comunicación oficial de la UE. Para lograrlo, se requiere la aprobación unánime de los Estados miembros, un reto considerable dado que algunos países expresan reservas legales, prácticas y económicas.
¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr la oficialidad de estas lenguas?
Uno de los mayores obstáculos es el costo que implicaría traducir documentos oficiales de la UE a estas lenguas, que se estima en unos 132 millones de euros anuales. A pesar de que el Gobierno español ha ofrecido cubrir estos gastos, varios Estados miembros temen el precedente que sentaría esta medida y las implicaciones legales que podrían derivarse de la modificación de los tratados de la UE. Los servicios legales del Consejo de la UE también han expresado preocupaciones sobre la base legal de la reforma, sugiriendo que podría ser necesario revisar los tratados.
¿Cómo ha respondido el Gobierno español a estas objeciones?
España ha intentado suavizar su propuesta, presentando una versión más flexible que limita la obligatoriedad de las traducciones a los actos más relevantes de la UE (como los reglamentos del Consejo y el Parlamento Europeo), lo que representaría menos del 3% de los actos jurídicos. Además, ha propuesto retrasar la implementación de la oficialidad hasta 2027, buscando dar tiempo a resolver los problemas legales y financieros. Sin embargo, las dudas persisten entre los países miembros, que piden más tiempo y garantías sobre los impactos de la medida.
¿Qué opinan los países de la UE sobre la propuesta?
Los ministros de varios países, incluidos Luxemburgo, Polonia y Dinamarca, han expresado que el momento no es el adecuado para abordar este tema, especialmente en un contexto internacional marcado por otros desafíos políticos y económicos. En particular, se han manifestado preocupaciones sobre el impacto práctico, legal y financiero de una eventual reforma, y sobre la falta de un consenso claro entre los Estados miembros. Francia y Austria, por su parte, han insistido en la necesidad de encontrar soluciones más concretas a los problemas legales antes de considerar una votación.
Cómo sigue
El Gobierno español se encuentra en una encrucijada con respecto a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. A pesar de los esfuerzos por suavizar la propuesta y asumir los costos de las traducciones, el rechazo de varios países miembros sigue siendo un obstáculo insalvable. Aunque el debate continuará en las próximas reuniones, no se espera que se someta a votación en el corto plazo, ya que persisten dudas legales y prácticas significativas.
La situación podría prolongarse hasta que España logre generar un mayor consenso en torno a los aspectos económicos y legales del asunto, lo que implicaría más diálogo y posiblemente nuevos compromisos. Mientras tanto, el Gobierno español seguirá presionando para que la propuesta se mantenga en la agenda de la UE, en un intento por garantizar que la oficialidad de estas lenguas sea reconocida como un derecho fundamental para los 20 millones de ciudadanos europeos que las hablan.
El tiempo dirá si finalmente se alcanzan los acuerdos necesarios para avanzar en la modificación del reglamento de lenguas de la UE, pero por ahora, el desafío sigue siendo el mismo: obtener el apoyo unánime de los Estados miembros, una tarea que se perfila como cada vez más compleja.
Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen
FUENTE: El Observador
