Un juicio histórico en España: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, acusado de revelar secretos, se sienta al banquillo
El juicio será a puerta cerrada, sin transmisión en directo y con presencia de más de 200 periodistas. A García Ortiz se le acusa de filtrar un correo confidencial que afectaba a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El origen del caso se remonta al 13 de marzo de 2024, cuando el diario El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para evitar la cárcel a cambio de reconocer dos delitos fiscales. Esto generó una serie de reacciones dentro del Ministerio Público. Poco después, Cadena SER publicó el contenido de un correo del 2 de febrero de 2024 enviado por el abogado Carlos Neira a la Fiscalía, donde se ofrecía ese pacto. La filtración de ese correo es el núcleo de la acusación contra García Ortiz.
¿Cuál es la acusación principal contra García Ortiz?
El magistrado instructor, Ángel Hurtado, considera que el fiscal general impulsó y coordinó personalmente la filtración de ese correo confidencial a los medios para contrarrestar el relato mediático iniciado por El Mundo. Hurtado ve indicios en la cronología de los hechos, en el acceso de García Ortiz a la cadena de correos, y en la posterior eliminación de mensajes de su móvil.
Están citados más de 40 testigos, incluyendo fiscales, abogados, periodistas, agentes de la Guardia Civil y figuras políticas. Entre ellos figuran Pilar Rodríguez (jefa de la Fiscalía de Madrid), Julián Salto (fiscal del caso), Carlos Neira (abogado defensor), y Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Ayuso). También declararán una docena de periodistas que informaron sobre el caso.
¿Qué papel tuvo la Abogacía del Estado y la Fiscalía en la defensa?
García Ortiz está representado por José Ignacio Ocio y Consuelo Castro, ambos abogados del Estado. Castro, exjefa de la Abogacía del Estado, es conocida por su papel en el juicio del procés. La Fiscalía también respalda la defensa, encabezada por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y Javier Montero, fiscal superior de Extremadura.
¿Qué piden las acusaciones?
Las siete acusaciones solicitan penas de entre 4 y 6 años de cárcel, suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación y multas de hasta 400.000 euros. Destaca la acusación particular de González Amador, que no pide responsabilidad subsidiaria del Estado, y la de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que suma el delito de prevaricación.
¿Qué particularidades tiene el juicio?
No habrá retransmisión en directo, a diferencia del juicio del procés. Solo podrán ingresar 20 periodistas y 50 personas del público por día. El juicio se celebra en la histórica Sala de lo Penal del Supremo, escenario de procesos emblemáticos en España.
¿Qué dice García Ortiz sobre las acusaciones?
Niega haber filtrado ningún correo y sostiene que actuó para proteger la imagen de la Fiscalía. Argumenta que el contenido clave ya había sido difundido por otros actores, como el entorno de Díaz Ayuso, y que cientos de personas tenían acceso al correo filtrado.
Cómo sigue
El juicio al fiscal general del Estado se extenderá hasta el 13 de noviembre, con sesiones de mañana y tarde durante seis días. El Tribunal Supremo, compuesto por siete magistrados, deberá decidir si García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos o si, como sostiene su defensa, actuó dentro de sus competencias para responder a una campaña de desinformación. La sentencia, que podría conocerse antes de fin de año, marcará un precedente histórico en la justicia española, tanto por la gravedad de las penas solicitadas como por el hecho inédito de que un fiscal general en funciones se siente en el banquillo de los acusados.
Fiscal general del Estado. Acusado de filtrar un correo confidencial a la prensa para defender la imagen del Ministerio Público. Se enfrenta a hasta seis años de cárcel y 12 de inhabilitación.
Alberto González Amador
Empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es el denunciante y principal afectado por la supuesta filtración. Pide indemnización por daños morales y penas de cárcel para el fiscal general.
Carlos Neira
Abogado defensor de González Amador. Envío el correo del 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto con la Fiscalía. Declaró que lo hizo sin autorización expresa de su cliente.
Julián Salto
Fiscal de delitos económicos de Madrid. Recibió y respondió al correo de Neira. Enviado por sus superiores, reenvió la cadena de correos que terminó en manos del fiscal general.
Pilar Rodríguez
Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Inicialmente imputada, fue exonerada por actuar bajo obligación jerárquica. Autorizó la nota de prensa que desmintió la versión de El Mundo.
Diego Villafañe
Teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Recopiló información del caso por orden directa de García Ortiz. Exonerado al no hallarse indicios de participación en la filtración.
Miguel Ángel Rodríguez
Jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Recibió el correo del 12 de marzo que indicaba que no había “obstáculo” para pactar. Admitió haber compartido esa información con periodistas.
Consuelo Castro y José Ignacio Ocio
Abogados del Estado que ejercen la defensa de García Ortiz. Castro fue jefa de la Abogacía del Estado y tuvo un rol clave en el juicio del procés.
María Ángeles Sánchez Conde y Javier Montero
Fiscales que respaldan la defensa del fiscal general. Sánchez Conde es la número dos de la Fiscalía; Montero llevó el caso cuando pasó por el TSJM.
Gabriel Ramos
Abogado de González Amador. Representa la acusación particular, que exige prisión, inhabilitación, multa e indemnización contra García Ortiz.
Las acusaciones populares
Integradas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, y la alianza Foro Libertad y Alternativa-Vox-Hazte Oír. Todas solicitan penas de prisión y sanciones económicas.
