El Ministerio de Trabajo ha pasado a la ofensiva para tratar de hacer efectiva la reducción del tiempo de trabajo después de que el Congreso tumbara el proyecto de ley estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz -al sumar sus votos PP, Vox y Junts para sacar adelante las enmiendas a la totalidad-.
La pasada semana ya puso en marcha la medida con la que pretende endurecer el registro de jornada, solo un día después de que se produjera el revés parlamentario, sacando a audiencia pública el proyecto de real decreto con el que se pretende abordar el desarrollo reglamentario del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
Aunque el texto presentado en audiencia pública es una exposición de motivos que justifican la necesidad de ahondar en el reglamento del registro de jornada, fuentes del ministerio señalan a EXPANSIÓN que el articulado que saldrá a la luz en las próximas semanas contendrá dos aspectos clave. Con ellos se pretende dar respuesta por un lado a las reclamaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por otro al mandato del real decreto de 2019 de obligación de la implantación de un registro de jornada. Concretamente, se legislará la exigencia de que sea un sistema digital y de que incluya una interfaz interoperable por parte de la Inspección de Trabajo.
El Gobierno confía en que esta sea una vía de actuación que repercuta en una reducción real del tiempo de trabajo, al suponer un elemento de disuasión para el alargamiento de las jornadas laborales. Esto es, para realizar un control efectivo especialmente sobre la realización de las horas extraordinarias. "Imponer una fórmula no alterable y constatable de las jornadas que se están realizando producirá una rebaja del tiempo efectivo de trabajo", señalan las fuentes consultadas.
Desde el departamento de Díaz cree que en las empresas españolas se produce un incumplimiento "fuerte" del tiempo de trabajo y apuntan a que la falta de un reglamento concreto que determine la fórmula para la contabilización de las horas está detrás de esta casuística.
Eso sí, Trabajo admite limitaciones en la fórmula legislativa escogida para abordar el registro horario: el real decreto. Por un lado permite al Gobierno eludir el trámite parlamentario, pero fuentes oficiales señalan igualmente que esto impide abordar el endurecimiento de las sanciones que sí se había previsto en el malogrado proyecto de ley para la reducción de jornada -preveía que las multas para la empresas se aplicaran por cada trabajador sobre el que se detectara un incumplimiento y que esta ascendiera hasta los 10.000 euros-.
En este sentido, el departamento de Díaz descarta convocar a los agentes sociales para negociar los componentes del reglamento, ya que se desprende de uno de los elementos del compendio de la reducción de jornada que ha sido abordado con la patronal y los sindicatos en el último año y medio.
El otro actor esencial para que sea alcanzable el objetivo del Gobierno con el endurecimiento del registro de jornada es la Inspección de Trabajo. Desde el Ejecutivo aseguran que la característica de los sistemas digitales, que serán obligatorios implantar, será que contenga una interfaz de interoperabilidad accesible para los inspectores. Señalan a EXPANSIÓN que no será necesario un refuerzo de la plantilla, para la que se prevé un aumento de 500 nuevos empleados en la última oferta pública de empleo. Y creen que la nueva carga es asumible por tener "medios suficientes" y tras haberse incrementado en más de un 50% el presupuesto del organismo en los últimos años. Además, señalan que el organismo podrá actuar de oficio.
Sobre el impacto en las empresas, aunque el real decreto del reglamento no incluirá el elemento de ayudas económicas para las pequeñas y medianas -a la que puede suponer un mayor coste de digitalización-, el Gobierno no descarta su incorporación de forma complementaria. Lo que sí da por hecho el departamento de Díaz, según las fuentes consultadas, es que CEOE impugne en los tribunales el reglamento. "CEOE dará una batalla jurídica por seguro", señalan recordando que la patronal ya se ha revuelto en otras ocasiones.
a ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi
Un trámite de entre cuatro y cinco meses
A pesar de que el Gobierno no tendrá que fajarse en el trámite parlamentario con los grupos políticos, la puesta en marcha del registro horario no será inmediata. Fuentes oficiales señalan que aunque se abordará de forma acelerada, el proceso de aprobación del reglamento durará al menos entre cuatro y cinco meses. No en vano, en este caso, el departamento de Yolanda Díaz no prevé que se produzca un debate en el seno del Gobierno como sí ocurrió con el Ministerio de Economía con el proyecto de reducción de jornada.
De este modo, al proyecto de real decreto en audiencia pública en estos momento le sucederá la publicación de un articulado ya con los puntos concretos del reglamento, que también pasará por audiencia pública. Posteriormente, deberá recibir el dictamen de los órganos consultivos, entre ellos el Consejo Económico y Social (CES) y previsiblemente de la Agencia Española de Protección de Datos. Señalan desde Trabajo, que el trámite que más puede demorar la aprobación del reglamento es el preceptivo dictamen que deberá emitir el Consejo de Estado. Por último, previa aprobación en el Consejo de Ministros, la norma deberá pasar por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión de Secretarios de Estado. En síntesis, la tramitación de la medida impediría que esta se pudiera comenzar a aplicar antes de que finalice el año, quedando emplazada ya para 2026.
FUENTE: RIPE - EXPANSIÓN
