En los próximos meses, será crucial seguir la evolución de esta normativa, ya que su eventual conversión en ley podría tener un gran impacto sobre la comunidad italiana en el exterior.
Descubre las condiciones que Italia no aceptará más para conceder la ciudadanía italiana.
El pasado 28 de marzo de 2025, el Presidente de la República Italiana promulgó el Decreto-Ley n.º 36, el cual introduce cambios importantes en la normativa sobre la ciudadanía italiana.
Según informa la revista italiana Bellunesi Nel Mondo, este decreto adoptado con carácter de urgencia, establece nuevas restricciones para la transmisión automática de la nacionalidad a los nacidos fuera de Italia, exigiendo que los solicitantes demuestren vínculos efectivos con el país.
La reforma del decreto afecta principalmente a la ley 5 de febrero de 1992, n.º 91, que regula la ciudadanía italiana. Las modificaciones clave incluyen:
Limitación de la ciudadanía automática: Aquellos nacidos fuera de Italia que tengan otra nacionalidad no recibirán automáticamente la ciudadanía italiana, salvo que cumplan ciertos requisitos específicos.
Excepciones: La ciudadanía podrá ser otorgada bajo las siguientes condiciones:
Plazos para solicitar: Aquellos que ya han iniciado un proceso de reconocimiento de ciudadanía deben haber presentado la solicitud antes del 27 de marzo de 2025 para acogerse al régimen anterior.
Nuevas reglas procesales: En los procedimientos judiciales para el reconocimiento de la ciudadanía no serán admitidos el juramento ni la prueba testifical, limitando así el tipo de pruebas permitidas.
El gobierno italiano justifica la adopción de este decreto con el objetivo de limitar el aumento de ciudadanos italianos en el exterior, muchos de los cuales mantienen vínculos culturales, lingüísticos y sociales más cercanos con otros países que con Italia.
Según las estimaciones, el número de italianos en el extranjero podría llegar a igualar o superar a la población residente en Italia, lo que podría generar problemas de seguridad y complicaciones en la gestión administrativa.
Además, el decreto pretende evitar un posible aumento descontrolado de solicitudes de ciudadanía, lo cual podría desbordar los sistemas consulares y las administraciones locales.
Desde el punto de vista jurídico, el decreto representa un cambio fundamental en el derecho de la ciudadanía, al pasar de un sistema basado en el ius sanguinis (derecho de sangre) sin límites temporales a uno más restrictivo, que evalúa los vínculos reales con Italia.
A nivel social, esta medida ha generado controversia, especialmente entre las comunidades italianas en el extranjero, particularmente en Argentina y Brasil, donde existen grandes comunidades de descendientes de italianos. Las nuevas restricciones podrían afectar la percepción de la identidad nacional y complicar las relaciones de Italia con estos países.