El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, organismo de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, impulsará una nueva reforma legal que retire los plazos de solicitud y amplíe el cupo de potenciales beneficiarios a cualquier generación de descendientes de españoles expatriados.
Así lo anticipó la titular del área creada en 2006, Violeta Alonso, en el marco de las alternativas que se podrían administrar tras el fin de la Ley de Memoria Democráctica (LMD), también conocida como Ley de Nietos.
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Violeta Alonso, a la derecha, recibe su carnet de socia de honor del Centro Asturiano de Buenos Aires de manos de la presidenta de la institución, Pilar Simón.
Durante su visita a la comunidad expatriada en Argentina, donde fue nombrada socia de honor del Centro Asturiano de Buenos Aires, Alonso indicó, además que la modificación también buscará suprimir la limitación actual por grado de parentesco.
"Teniendo en cuenta el volumen de peticiones registradas en el consulado bonaerense, cuando este proceso termine Buenos Aires va a ser la tercera ciudad con más españoles después de Madrid y Barcelona y por delante de Valencia”, vaticinó en diálogo con Lne.es.
Para la titular del órgano consultivo, el problema es que no se ve el final de la demanda con el vencimiento de la Ley de Nietos, escenario donde entra en juego también el plazo erroneo de concesión casi automática de la nacionalidad imaginario "que no va a llegar".
“Nos gustaría que se contase con recursos más allá de las oficinas consulares para poder resolver todas esas solicitudes. A este ritmo corremos el riesgo de irnos quizá, imagínese, hasta 2050…”, alertó.
“El PSOE y el PP han dicho que son partidarios de una ley definitiva”, Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
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Proponen replicar una Ley de Nietos sin plazo y de mayor amplitud.
Desde el Consejo de la Ciudadanía en el Exterior entienden que la imposición de un plazo fijo "no ayuda", ya que "la experiencia ha generado una enorme presión” sobre las oficinas consulares y entre los aspirantes una tensión y un temor a quedarse fuera que se podrían haber evitado.
"El formato puede ser simplemente un articulado nuevo en el Código Civil”, aventuró Alonso. La propuesta incluye además una ampliación del grado de parentesco de los beneficiarios que abra el proceso más allá de los nietos de los emigrantes españoles, el nivel hasta el que ahora llega la ley de Memoria Democrática, que en general admite hasta la segunda generación de sucesores de exiliados y víctimas de la dictadura franquista, así como a los descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978.
“Queremos una ley más amplia y más generosa. Sería positivo que la Ley de Memoria Democrática se plasmase en una norma definitiva, sin límite temporal”, concluyó.
