"En una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas, y el deber de las administraciones públicas es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de forma absolutamente descontrolada y a costa de los vecinos", defendió ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de anunciar una docena de medidas de intervención del mercado inmobiliario destinadas a garantizar el acceso a la vivienda. El paquete incluye desde rebajas fiscales para incentivar el alquiler a precios asequibles o la ampliación del parque público residencial, a trabas a las Socimis, inversores extracomunitarios y pisos vacacionales.
"Hay que proteger a los ciudadanos de los abusos del mercado y garantizar que las viviendas de nuestro país sean hogares y no negocios", defendió Sánchez durante la clausura del acto Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en Madrid solo un día después de que el PP lanzara en Asturias su propia batería de medidas en materia de vivienda. Desde el Ejecutivo aseguran, sin embargo, que el paquete gubernamental lleva meses trabajándose y supone una "apuesta por la intervención" del mercado inmobiliario para ofrecer una solución integral.
Sánchez explicó que el plan tiene el triple objetivo de ofrecer "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas". "Durante el boom inmobiliario en España se creaban 400.000 hogares y se construían más de 600.000 viviendas al año. Hoy se forman 300.000 hogares pero apenas se construyen 90.000 casas al año, un piso por cada tres hogares que se forman. Tenemos que resolver este desequilibrio entre oferta y demanda con más vivienda, privada, pero sobre todo protegida", sostuvo Sánchez, que lamentó que España alcanzara un 9% de vivienda pública en 2012 y que las privatizaciones hayan rebajado la cifra al 2,5%, frente al 14% de Francia o el 34% de Países Bajos.
Para revertir esta situación, el Gobierno apunta como palanca clave a la Empresa Pública de Vivienda, a la que la Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para la construcción de pisos de alquiler asequible. Además, en este primer semestre se comenzará a transferir al ente 30.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, comenzando por las 13.000 ya ocupadas en alquiler. A esa cifra se le añadirán posteriormente otras 10.000 pendientes de obras de mejora y rehabilitación.
Además, el Gobierno establecerá un mecanismo legal para que la Empresa Pública tenga prioridad de compra de vivienda y suelo de las administraciones públicas y para garantizar que todo el parque residencial estatal permanezca "siempre" en propiedad pública "y no acabe en manos de los fondos buitre".
Más allá, el Ejecutivo prevé seguir impulsando la colaboración público-privada de vivienda asequible; reformar la Ley el Suelo, y desplegar 6.000 millones en créditos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para levantar 25.000 viviendas nuevas.
De otra parte, el Ejecutivo lanzará un Perte de la vivienda, un Plan Estratégico con fondos europeos del programa Next Generation, centrado en la modernización de la construcción industrializada y modular, que permita levantar casas de forma más rápida, barata y sostenible. El proyecto tendrá sede en Valencia para ayudar en la reconstrucción tras la DANA, fin al que Bruselas ha permitido redirigir 1.500 millones de los fondos comunitarios.
Otro objetivo clave es fomentar que la vivienda vacía pase a nutrir el mercado del alquiler para lo que el Gobierno ofrecerá un sistema de garantías públicas, una suerte de avales a los inquilinos que ofrezca garantías a los propietarios, comenzando en 2025 con los alquileres asequibles para menores de 35 años.
Además, se lanzará un programa de ayudas a la rehabilitación de vivienda destinada al arrendamiento asequible durante al menos cinco años.
A su vez, el Gobierno propondrá al Parlamento crear una deducción fiscal de hasta el 100% en el IRPF para los propietarios que alquilen viviendas según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que se encuentren en zonas tensionadas. De esta forma, el Gobierno busca sortear la inaplicación de la Ley de Vivienda por parte de las comunidades gobernadas por el PP para incentivar fiscalmente la rebaja del precio del alquiler. En Madrid, supondría dejar exentos hasta 6.000 euros del rendimiento neto para el propietario medio.
Por otro lado, Sánchez anunció "una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio", lo que pasa por aprovechar la nueva directiva europea en materia de IVA para imponer un 21% a los alquileres operados a través de plataformas como Airbnb.
En paralelo, el Gobierno prevé restringir las ventajas fiscales de las Socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) que inviertan en vivienda a las que la ofrezcan en alquiler asequible. Este castigo fiscal, que dejaría a las Socimis incumplidoras sin la posibilidad de tributar al 1% en el Impuesto de Sociedades, no afectará a las que operan en el mercado de oficinas, que son las más relevantes, aseguran fuentes del Gobierno. "No puede ser que algunos inversores paguen menos que los ciudadanos de a pie al comprar la misma vivienda", argumentó Sánchez.
De otra parte, el Ejecutivo planea limitar la compra de vivienda por parte de extranjero extracomunitarios no residentes incrementando para ellos la carga fiscal por compra de inmuebles hasta en un 100%, siguiendo experiencias como la de Dinamarca o Canadá. Fuentes gubernamentales explican que se está explorando la vía de encarecer el Impuesto de Transacciones Patrimoniales (ITP), pero que las trabas que puedan imponer las autonomías, que lo gestionan, se baraja redirigir el castigo por vía de los Impuestos Especiales. Los no residentes adquieren anualmente 27.000 casas al año en España, el equivalente a un tercio de las que se construyen, y el Gobierno asegura que la mayoría no busca vivir en ellas, "sino especular".
A la vez, Sánchez anunció que endurecerá la regulación que persigue el fraude del alquiler de temporada y creará un fondo para que autonomías y municipales refuercen las inspecciones en la materia.
Finalmente, el Ejecutivo prevé impulsar por la vía del Real Decreto un nuevo Plan Estatal de Vivienda en 2026 que incluya ayudas a jóvenes, mayores, discapacitados, personas vulnerables o residentes en zonas degradadas.
El Gobierno, en todo caso, es consciente de que la ambición del paquete de medidas puede verse modulada por su minoría parlamentaria, pues 5 de las 12 iniciativas necesitan respaldo del Parlamento, incluyendo todas las fiscales y el plan de avales públicos.
FUENTE: RIPE-EXPANSIÓN
