La Asociación de Distribuidoras Eléctricas Europeas ha alertado sobre la falta de estabilidad regulatoria en España, un factor que podría afectar negativamente la rentabilidad y el interés de los inversores en las redes eléctricas del país. En un informe conjunto elaborado por E.DSO (la Asociación Europea de Operadores de Sistemas de Distribución Eléctrica) y GEODE, se señala que la tasa de rentabilidad financiera (TRF) propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo regulatorio 2026-2031, fijada en un 6,58%, sigue estando por debajo de los índices de referencia internacionales.
Inestabilidad regulatoria en España
El análisis, que compara las políticas regulatorias de siete países de la UE —Austria, Finlandia, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia—, destaca que España se encuentra en la peor posición dentro de este grupo, particularmente en lo referente a los parámetros del Coste Medio Ponderado de Capital (WACC), la predictibilidad de los ingresos y el balance entre los gastos de inversión (Capex) y los de operación (Opex). En contraste, Italia y Austria figuran entre los países con mejores valoraciones en los aspectos analizados.
Según el informe, España continúa enfrentando un clima de inestabilidad regulatoria que podría desalentar la inversión. A pesar de que la tasa de rentabilidad propuesta es superior a la actual, se mantiene por debajo de los niveles adecuados para atraer el capital necesario, lo que pone en riesgo las inversiones imprescindibles para el desarrollo de infraestructuras y la transición energética.
Retrasos y falta de seguridad jurídica
La asociación también subraya la inseguridad jurídica que afecta a las distribuidoras eléctricas en España, especialmente debido a la falta de claridad en los planes de inversión para el periodo 2023-2025, que aún esperan aprobación formal. Además, la remuneración de los operadores de sistemas de distribución a partir de 2023 sigue sin publicarse, lo que genera incertidumbre.
En cuanto a los procedimientos regulatorios, E.DSO y GEODE denuncian la existencia de "inspecciones ex post de las inversiones finalizadas sin criterios predefinidos", lo que provoca inconsistencias procesales y retrasa la recuperación de costes. La falta de una metodología estable para la remuneración de las inversiones debilita la confianza de los inversores y ralentiza la ejecución de proyectos clave para la transición energética.
Desafíos para la transición energética
En el contexto de la transición energética, los retrasos y la falta de un marco claro podrían afectar la capacidad de España para realizar las inversiones necesarias en infraestructura energética. La directiva europea 2019/944, que exige la mejora de la distribución eléctrica y la información al cliente, aún no se ha implementado en el país, lo que subraya la distancia entre España y otros países de la UE en cuanto a sus planes de desarrollo en el sector energético.
Con esta situación, las distribuidoras eléctricas europeas llaman a una revisión urgente del modelo regulatorio en España, advirtiendo que la falta de predictibilidad y rentabilidad podría comprometer el avance en la modernización de las redes y en los esfuerzos por cumplir con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de la Unión Europea.
