10 de octubre 2025 - 13:53hs

Nucleares, centrales de gas y carbón e hidráulicas deberán ponerse a disposición de REE de forma inmediata si este grupo se lo exige para controlar la sobretensión en la red.

"Es una intervención en toda regla". Es la frase que ayer más se oía entre las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa y Naturgy, tras la decisión del Gobierno de cambiar, de forma urgente, el procedimiento de operación del sistema eléctrico en España.

Con el cambio se forzará a las grandes compañías a tener disponibles, en todo momento, sus grandes centrales a modo de parachoques contra un posible apagón.

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Se verán afectadas todas las centrales con capacidad para amortiguar grandes oscilaciones de tensión, como las que se produjeron momentos antes del gran apagón del 28 de abril.

Esas centrales son las convencionales de gran tamaño. Aproximadamente son doscientas en todo el país. En concreto, afecta a las siete nucleares, más de 60 centrales de gas (ciclos combinados), cuatro centrales de carbón aún activas y más de 120 grandes hidráulicas.

La decisión se precipitó el miércoles, cuando Red Eléctrica (REE), el grupo que se encarga de la gestión de las redes de luz en España, solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tramite por la vía de urgencia -en cinco días- una audiencia pública de su propuesta (consensuada con el Ministerio de Transición Ecológica) para cambiar algunos de sus procedimientos de operación del sistema.

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El sistema no es estable

La petición de REE se realiza bajo el argumento de que la compañía -que depende de Redeia, hólding controlado en un 20% por el Estado- había detectado en las dos últimas semanas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema español.

Esas variaciones podrían tener "impacto en la seguridad del suministro si no existen cambios", como ocurrió el 28 de abril. Aunque la tensión actual del sistema eléctrico está "dentro de los márgenes establecidos", esas variaciones "pueden desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico", según explicó REE a Competencia, organismo presidido por Cani Fernández.

En alerta siempre

Entre las medidas que se proponen está la de mantener en alerta permanente a más centrales con capacidad para realizar lo que técnicamente se conoce como "control continuo de la tensión". Actualmente son todas las nucleares, centrales de carbón o gas y las centrales hidráulicas y de bombeo mayores de 30 megavatios conectadas a la red de transporte de luz (la alta tensión, que gestiona REE). Además de generar electricidad de forma más estable que las renovables, esas centrales pueden absorber electricidad de la red si es necesario para amortiguar sobrecargas de tensión.

Hasta ahora, en España ese tipo de centrales podía ofrecer ese servicio de amortiguación de forma voluntaria y remunerada, bajo la modalidad conocida como "mercado de restricciones".

Este mercado lo programa REE a diario con 24 horas de antelación. El número de centrales en restricciones, o si estaban disponibles al 100%, es el nudo gordiano de la polémica sobre quién fue responsable del apagón. ¿REE por no haber programado suficientes? ¿O las eléctricas por no tener disponibles al 100% las centrales de las restricciones?

Desde el apagón, REE ha incrementado el número de centrales de soporte, para operar en "modo seguro". De las nueve que habían funcionando ese día ha pasado a unas 15.

Con la petición que hace a la CNMC, el "salvavidas" se multiplica. Solamente ayer, había acopladas al sistema 25 centrales a las que, con la nueva norma, el Gobierno podría requerir de forma automática operar bajo instrucciones de REE, independientemente del plan de las eléctricas para las centrales.

Las 25 centrales acopladas ayer eran, sobre todo, de Iberdrola, Endesa y Naturgy. El día del apagón había 40 centrales conectadas.

La norma propuesta será temporal hasta que se apruebe un cambio más amplio de la operativa del sistema eléctrico, lo que se conoce como P.O 7.4 (Procedimiento de Operación 7.4).

Choque con la CNMC

La norma aún no ha nacido y ya genera fricciones. La propia CNMC asegura que "el endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios podría resultar en una reducción de la oferta y, con ella, de la competitividad en los mercados, y/o resultar en un incremento del coste soportado por la demanda".

Aflora así el creciente choque de CNMC con REE y Gobierno. REE se queja de que hace dos años pidió a la CNMC reformar el P.O 7.4, una medida que la CNMC fue dilatando.

Ahora, con el respaldo del Gobierno, REE se lo exige de forma expeditiva y por la vía de urgencia.

FUENTE: RIPE - EXPANSIÓN

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