Lo que importa
- El Gobierno español propone un impuesto de hasta el 100% para extranjeros no europeos que compren bienes inmuebles, buscando combatir la crisis inmobiliaria.
- Esta medida sigue a la eliminación de los "visados de oro", que otorgaban residencia a quienes invertían 500.000 euros en propiedades o negocios en España.
- En 2023, los extranjeros representaron el 19,3% de las compras inmobiliarias, aunque el impacto varía según la región.
- Países como Canadá y Dinamarca tienen normativas similares que inspiran esta propuesta.
- Críticos señalan que la medida no necesariamente abaratará los precios de la vivienda ni beneficiará a los ciudadanos locales.
Contexto
¿Qué busca esta medida?
El Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez plantea este impuesto como parte de una estrategia más amplia para abordar la crisis inmobiliaria en España. La intención es limitar la demanda internacional que encarece los precios de la vivienda y dificulta el acceso para los residentes locales.
¿Cuáles son las cifras detrás de la propuesta?
En 2023, se registraron 638.552 transacciones inmobiliarias en España, de las cuales 123.159 involucraron a extranjeros. De ese total, 27.000 corresponden a no residentes de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, la incidencia de estos compradores varía: en Baleares el 31,5% de las compras fueron de extranjeros, mientras que en Madrid fue solo del 6,3%.
¿Quiénes son los principales compradores extranjeros?
Los británicos lideraron las compras extranjeras en 2023, con un 9,5% del total, seguidos de alemanes (7,2%) y franceses (6,7%). Entre los compradores no europeos, los marroquíes ocupan un lugar destacado (5,4%). Tras el Brexit, los británicos han pasado a ser considerados extracomunitarios.
¿Cómo funciona este tipo de regulación en otros países?
Canadá prohíbe desde 2023 la compra de viviendas a extranjeros no residentes, con el objetivo de hacer más asequible el acceso a la vivienda. Esta prohibición fue extendida hasta 2027. Por su parte, Dinamarca impone restricciones severas, permitiendo la compra únicamente a quienes han vivido en el país al menos cinco años o tienen un permiso especial.
¿Qué críticas ha generado la propuesta?
En regiones como Mallorca, donde los extranjeros compran propiedades de lujo, se duda de que la medida beneficie a los españoles que necesitan viviendas asequibles. Además, abogados en Reino Unido advierten que esta normativa podría extenderse a impuestos adicionales que afecten a los propietarios extranjeros actuales, generando incertidumbre entre los jubilados británicos residentes en España.
Cómo sigue
La propuesta aún debe ser debatida y aprobada por el Parlamento español, donde podría enfrentarse a modificaciones o incluso rechazo. Si se aprueba, su implementación será un desafío logístico y político, dado el impacto que podría tener en regiones turísticas y de alta actividad inmobiliaria como Baleares y Canarias.
A largo plazo, será clave evaluar si esta medida realmente logra reducir los precios de la vivienda o si tiene efectos secundarios, como una menor inversión extranjera. Asimismo, la posibilidad de inspirar medidas similares en otras partes de Europa podría depender del resultado de esta iniciativa en España.
