Las viviendas 'okupadas' representan el 3% del total de inmuebles en venta en España, de acuerdo con un estudio publicado por Idealista sobre los anuncios disponibles en su plataforma durante el tercer trimestre de 2025. En total, se contabilizan 23.010 propiedades en proceso de 'okupación' reconocida.
El fenómeno pone en evidencia un problema creciente para los propietarios, que muchas veces optan por vender sus inmuebles "hartos de esperar la intervención de la Justicia", según ha explicado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.
La situación les obliga, además, a ofrecer sus viviendas a precios que en ocasiones llegan a ser hasta un 50% inferiores al valor real de mercado.
Iñareta subraya que para revertir esta situación se requieren "políticas que protejan a los propietarios y ofrezcan seguridad jurídica", ya que la desprotección percibida está provocando una reducción de la oferta de viviendas en alquiler.
Ciudades más afectadas
Entre las capitales con mayor proporción de viviendas 'okupadas' a la venta destacan:
Barcelona, pese a tener un porcentaje menor (3,7%), lidera en número de unidades, con 855 viviendas 'okupadas' en venta.
En contraste, otras grandes ciudades presentan cifras por debajo de la media nacional, como:
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Palma (2,5%),
Madrid (2,4%),
Valencia (2,3%),
Alicante (1,9%),
San Sebastián (1,7%) y
Bilbao (1%).
En algunas provincias, como Soria, no se han registrado anuncios de viviendas 'okupadas', y en otras como León, Salamanca o Pamplona, el porcentaje es inferior al 1%.
Distribución por comunidades autónomas
En cuanto al reparto geográfico, el estudio revela que:
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Cataluña concentra el 39% del total de viviendas 'okupadas' en venta,
seguida de Andalucía (22%),
Comunitat Valenciana (11%),
Comunidad de Madrid y Región de Murcia, ambas con un 6%.
Este informe de Idealista, aunque aún no permite analizar tendencias temporales, visibiliza el impacto del fenómeno 'okupa' en el mercado inmobiliario español y pone sobre la mesa la necesidad de soluciones legales que refuercen la seguridad de los propietarios y del sector en general.
FUENTE: El Observador