Las intenciones del Gobierno de penalizar a las empresas que quieran trasladar una parte o la totalidad de su producción fuera del territorio nacional están más cerca de cumplirse, después de la convalidación el miércoles, en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE y Sumar, para impulsar medidas que desincentiven la deslocalización industrial.
El texto incluye varias medidas de castigo contra las pequeñas, medianas y grandes empresas industriales que decidan trasladar parte de su producción a terceros países, así como la obligación de avisar de sus intenciones a la Administración al menos nueve meses antes de su salida de España. También recoge la creación de una Mesa de la Reindustrialización, formada por las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales afectadas por las deslocalizaciones empresariales.
La portavoz socialista de Industria, Adriana Maldonado, defiende que la proposición no de ley busca "atraer talento, defender y dar seguridad a los trabajadores", así como frenar la deslocalización por motivos como "reducir los costes laborales y obtener un mayor beneficio empresarial". Según la coalición de Gobierno, estas prácticas, que no son ilegales, suponen un dumping social y ambiental, que "genera una pérdida directa de empleos y retrocesos en las condiciones laborales por la desaparición de la actividad industrial".
Castigo a las empresas que deslocalicen su producción
La PNL presentada por el PSOE y Sumar insta a la aprobación del proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, donde se incluyen varias medidas de castigo para las empresas que deslocalicen su producción, especialmente las industriales.
La pretensión de la coalición de Gobierno es que todas las empresas que busquen trasladar parte o toda su producción fuera de España deberán avisar a la Administración de sus intenciones al menos nueve meses antes de materializar el cambio "para poder estudiar la posibilidad de negociar medidas que puedan revertir la decisión y analizar alternativas industriales".
Para realizar este análisis, el texto recoge la creación de una Mesa de Reindustrialización, formada por los organismos competentes de las comunidades autónomas afectadas y las organizaciones sindicales. Esta comisión tendría como objetivo "establecer actuaciones orientadas a revertir la decisión o iniciar la búsqueda de una propuesta por el mantenimiento de las capacidades industriales que minimice los impactos asociados a la decisión", así como "adoptar un acuerdo de reindustrialización de la actividad".
En línea con los cambios aprobados en Bruselas, la proposición no de ley insta al Gobierno a condicionar la concesión de ayudas públicas al mantenimiento de la producción en territorio nacional. En concreto, el texto establece que las empresas que hayan sido beneficiarias de subvenciones por un importe total superior a tres millones de euros en el último lustro deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, en caso de ser grandes empresas. Un plazo que será de tres años en el caso de las medianas y de dos en las pequeñas, "entendiendo que se incumple esta obligación cuando procedan de manera efectiva a reducir en más de un 65% su producción o en 500 personas o más sus plantillas".
Por último la PNL propone al Gobierno avanzar "en un marco normativo que evite las deslocalizaciones empresariales asociadas al deterioro del mercado laboral y mantener el tejido y la inversión empresariales en el país".
FUENTE: RIPE-EXPANSION
