El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley de respuesta a la guerra arancelaria, con el respaldo de Junts y el resto de los socios de investidura del Gobierno, excepto Podemos, que se ha abstenido. Por otro lado, los principales partidos de la oposición, PP y VOX, han mostrado su rechazo al decreto.
Para hacer frente a los aranceles de Trump
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido el plan como una medida "necesaria" para responder a la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump. El decreto incluye un plan de apoyo financiero de más de 14.000 millones de euros con el objetivo de mitigar el impacto comercial y proporcionar ayuda a las empresas afectadas por la medida.
El plan fue convalidado con una mayoría de 176 votos a favor, 169 en contra y 4 abstenciones, de las cuales la abstención de Podemos fue la más destacada. El partido liderado por Pablo Iglesias no apoyó la medida, aunque se mostró en contra de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense.
Apoyo de Junts y la cláusula territorial
El partido Junts, liderado por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fue clave para la aprobación del decreto. La formación secesionista ha comunicado su apoyo, destacando que el Gobierno ha incluido una cláusula en el texto que asegura que el 20% de las ayudas destinadas a paliar los aranceles se destinarán a Cataluña. Esta exigencia del independentismo fue defendida por el diputado de Junts, Josep María Cruset, quien subrayó la importancia de que las ayudas a las empresas se distribuyan según criterios territoriales.
Moncloa desmiente la cuota territorial
Desde el Gobierno, no obstante, se ha desmentido que exista un acuerdo con Junts sobre la distribución territorial de las ayudas. Fuentes de Moncloa han asegurado que las ayudas se otorgarán en función de las peticiones de las empresas, negando que se haya introducido una cuota territorial para Cataluña u otras regiones. Según estas fuentes, la distribución de los fondos se basará en las necesidades de cada compañía, sin favorecer a ninguna región específica.
Este decreto se presenta como una respuesta a los desafíos comerciales internacionales, con el objetivo de proteger el tejido empresarial español en un contexto de creciente guerra comercial global.