La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó que el Ejecutivo debería paralizar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, una operación que, tras recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está ahora pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros.
"Una muy mala noticia"
Díaz calificó nuevamente esta fusión como una "muy mala noticia", argumentando que contribuiría a "reforzar aún más" el oligopolio financiero en España y aumentaría el riesgo sistémico, una preocupación que ya ha sido señalada por la Comisión Europea.
La ministra hizo un llamado a priorizar el bien común y consideró que la OPA tendrá una "afectación muy negativa" sobre el empleo, los servicios públicos y la situación económica del país. En el ámbito laboral, Díaz lamentó los efectos adversos que tendrá, mencionando la posible pérdida de alrededor de 5.000 empleos en el sector debido al cierre de oficinas. Además, advirtió que estos cierres agravarían un "grave problema democrático" en España: la exclusión financiera. "Hoy es imposible vivir sin acceso a las entidades financieras, por lo que existe un riesgo clave en esta materia", aseguró.
La aprobación de la OPA
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó por unanimidad aprobó la posible compra del Banco Sabadell por el BBVA, con condiciones que deberán ser validadas por el Gobierno. La CNMC identificó riesgos en los mercados de banca minorista y medios de pago, tanto para particulares como para pymes y autónomos. Sin embargo, el organismo consideró que los compromisos presentados por BBVA son "adecuados, suficientes y proporcionados" para mitigar los problemas de competencia derivados de la concentración en esos mercados.
Casi un año después de comenzar su análisis, la CNMC dictó su veredicto con una serie de compromisos, conocidos como 'remedies', que buscan garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas o con rentas bajas. La mayoría de estos compromisos tendrán una duración de tres años (36 meses), prorrogables por dos años adicionales en el caso del crédito a pymes, y de un año y medio (18 meses) en el caso de los cajeros.
