El Gobierno español aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses de Telefónica, por su condición de empresa estratégica para el país, luego de que el gigante saudí STC Group se convirtiera en su principal accionista tras una operación que cayó por sorpresa en esta multinacional española con gran presencia en América.
En diálogo con periodistas en Bruselas, Calviño, a cargo de los Asuntos Económicos, informó de que el Gobierno se había enterado el mismo martes de esta operación, que también cayó por sorpresa en Telefónica, donde conocieron de esta compra momentos antes de que STC Group lo anunciara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.
El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, acompañado del consejero delegado, Ángel Vilá, viajaron este miércoles a Arabia Saudí para conocer más detalles de una "aproximación" del gigante de telecomunicaciones que Telefónica interpretó como "amistosa" a juzgar por lo anunciado por la compañía.
En una nota, STC Group desveló que no tenía intención de adquirir el control de Telefónica y que esta inversión suponía una muestra de confianza en el equipo directivo, en su estrategia y en su capacidad para crear valor.
No trascendió si este grupo busca un asiento en el consejo de administración, algo no descartado pero que es "prematuro" aventurar, según informaron a EFE fuentes del operador saudí.
La compra requiere el visto bueno del Ministerio de Defensa español y, conforme a ello, STC Group le pedirá "en los próximos días" autorización para esta adquisición, valorada en 2.100 millones de euros. La inversión se ejecutó mediante la compra de acciones por un 4,9 % del capital y la de instrumentos financieros por el 5 % restante.
Telefónica ofrece servicios de telecomunicaciones a Defensa y, por tanto, es un sector crítico para la defensa nacional. Una vez solicitada autorización a Defensa, será el Consejo de Ministros el que resuelva, salvo en aquellos casos en que la inversión, "por su naturaleza, características o importe" no afecte a los intereses esenciales de la defensa.
El plazo máximo de Defensa o del Consejo de Ministros para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado será de tres meses.
Se trata de la principal inversión de Arabia Saudí en una empresa española y una de las más importantes de un país de Oriente Medio en una compañía del IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, solo comparable a la de Iberdrola por parte del fondo soberano qatarí Qatar Investment Authority (QIA), que se convirtió en su accionista más relevante con el 8,70 % de la compañía.
EFE
