El Ministerio de Hacienda decidió subir las compensaciones que da el Estado a las personas que utilizan su vehículos para trabajar a una semana de las elecciones generales del 23 de julio y tras mantener el importe congelado desde hace 18 años.
A partir de este lunes, esos ciudadanos tendrán derecho a una compensación de 26 céntimos por kilómetro recorrido (10,6 en el caso de las motos), un 37% más de lo que podían percibir hasta ahora, según dos órdenes ministeriales publicadas este lunes.
La medida afecta tanto a empleados públicos como a profesionales privados, aunque la fórmula normativa que se aplica a cada uno es diferente.
El incremento en la compensación por kilometraje es prácticamente equivalente al aumento del IPC registrado entre 2005 --el último año en que se había actualizado el importe-- y 2022.
Desde la cartera que dirige María Jesús Montero atribuyeron la decisión al fuerte incremento en el precio de las materias primas tras la invasión rusa de Ucrania, y especialmente apuntaron a la importante suba en el precio de los carburantes, que cuestan el doble que hace 18 años, cuando se fijó el importe vigente hasta este lunes.
Aunque la medida estaba prevista a finales de 2022, el Ejecutivo la puso en práctica en los últimos días de la campaña electoral, un movimiento similar al de la semana pasada cuando aprobó la oferta de empleo público para 2023, que es la mayor de la historia de las administraciones públicas, con casi 40.000 nuevos puestos de trabajo.
Los beneficiarios de la compensación son todos los que emplean su vehículo personal para trabajar, aunque están excluidos los desplazamientos desde el lugar de residencia al centro de trabajo.
En el caso de los empleados públicos el Estado ingresa directamente al trabajador el importe de la compensación cuando éste presenta la factura del repostaje y una declaración que justifique el desplazamiento, tras comprobar su veracidad. Para los del sector privado, se aplica por vía IRPF en forma de exención.
