La Central Obrera Boliviana decidió mantener el bloqueo de las carreteras y rechazó el llamado al diálogo del gobierno. Solo aceptó habilitar corredores humanitarios para aliviar el cerco en las rutas hacia La Paz, donde la escasez de alimentos, medicinas y combustible se ha vuelto cada vez más crítica.
José Luis Álvarez, representante de la principal organización obrera del país, afirmó a la prensa local que “los trabajadores van a continuar con la medida de presión. Hasta ahora no hay posibilidad, se ha descartado (el diálogo). Se ha determinado establecer corredores humanitarios”.
Bolivia acumula ya cuatro semanas de conflictividad marcada por marchas, protestas y bloqueos de vías encabezados por la Central Obrera, mineros, transportistas e indígenas. La geografía del país convierte el cierre de los caminos hacia La Paz y sus alrededores en un cerco que paraliza el transporte de carga y provoca un creciente desabastecimiento.
Lo que comenzó como reclamos por mejoras salariales, la mala calidad de los combustibles y el rechazo a una reforma de la ley de tierras terminó por escalar en una crisis política marcada por el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien apenas lleva seis meses en el cargo.
El trasfondo es un severo desequilibrio económico: escasez de dólares, caída de las reservas internacionales e inflación acelerada en medio del alza de los combustibles por la guerra en Irán. Hasta ahora Paz ha intentado recurrir al diálogo para retomar la normalidad, pero el Congreso lo facultó a decretar el estado de excepción, habilitándolo a emplear a las Fuerzas Armadas y restringir libertades para restaurar el orden.
El pasado viernes la justicia boliviana anuló las órdenes de captura que pesaban contra el líder de la Central Obrera, Mario Argollo, y otro dirigente sindical. Después de este paso el gobierno esperaba poder iniciar las conversaciones que cuentan con la Iglesia católica como mediadora.
El presidente afirmó el miércoles de la semana pasada: “Argollo, que venga a hablar. Tienes que venir a hablar porque yo soy el presidente con el 55% del voto nacional”, afirmó. “No puedes botar presidentes porque se te da la gana. El voto se respeta y la Constitución también. Así nomás”, agregó.
El monitoreo de la Administradora Boliviana de Carreteras reveló 94 puntos de bloqueo en todo el país, con 21 cortes en las rutas hacia La Paz, la ciudad más afectada. Representantes de la Central Obrera explicaron a La Razón que garantizarán el paso de medicinas, alimentos e insumos para hospitales, así como el tránsito de ambulancias y emergencias.
No obstante, subrayaron que este gesto no debe interpretarse como un ablandamiento del conflicto, que están dispuestos a llevar “hasta las últimas consecuencias”.
Hasta ahora para aliviar el impacto del cerco el gobierno ha recurrido a un puente aéreo para transportar bienes básicos desde Santa Cruz a La Paz y El Alto. El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, dijo que en el operativo intervienen aviones bolivianos con apoyo logístico del gobierno argentino. “En total, se realizan alrededor de seis vuelos diarios”, señaló.
La Defensoría del Pueblo publicó un reporte en el que precisó las consecuencias de la violencia entre el 1 y el 24 de mayo: 321 personas arrestadas, 23 heridas y 7 fallecidas.
Las pérdidas
Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, informó que los bloqueos han ocasionado pérdidas al sector por el orden de 1.680 millones de dólares por la caída de la producción, ocasionada por la falta de insumos que no llegan a las plantas, y la imposibilidad de distribuir mercancía.
“La industria boliviana está enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años. Muchas fábricas han reducido operaciones y otras están al borde de detener completamente su producción. Cada día de paralización significa pérdidas millonarias, exportaciones detenidas, contratos incumplidos y fuentes laborales en riesgo”, afirmó Gonzalo Morales al canal Unitel.
“Hay algo que me preocupa de sobremanera, las industrias que exportan en este momento estamos incumpliendo nuestros contratos de exportaciones y eso no solamente es un golpe por el tema de multas a las empresas privadas, sino también que estamos empezando a dañar la imagen y la reputación que tenemos como país y por supuesto como empresarios privados”, destacó.
En una reunión con representantes de la industria, el vocero del sector de alimentos, Gonzalo Baudoin, advirtió que las cadenas de suministro, producción y distribución “están prácticamente quebradas”. En paralelo, Javier Lupo, del sector farmacéutico, alertó que la disrupción podría derivar en escasez de productos esenciales, afectando sobre todo a pacientes crónicos, oncológicos y en terapia intensiva.
