La llamada doctrina “Donroe”, la estrategia de la administración Trump para ejercer dominio político en América Latina, puso al régimen de Cuba en la mira. La estrategia comenzó a tejer un cerco que La Habana intenta contener con resiliencia y con sus redes de apoyo en la región, en busca de respaldo político, legitimidad internacional y ayuda material.
La organización Gobierno y Análisis Político (GAPAC) monitorea cómo el régimen cubano despliega lo que denomina sharp power: la penetración de espacios políticos y sociales mediante redes ideológicas, campañas narrativas y mecanismos de cooperación. Esta capacidad descansa en más de seis décadas de vínculos con partidos, sindicatos, organizaciones sociales y plataformas académicas en América Latina.
Entre el 1 de marzo y el 27 de abril, GAPAC registró 71 eventos internacionales que, según su informe, demuestran que “lejos de debilitarse bajo presión externa, la red de apoyo se expande, diversifica sus mecanismos y refuerza su capacidad de respuesta”. Con Venezuela ahora tutelada por Washington, México se ha consolidado como el eje principal de esta arquitectura.
México funciona como aliado político, espacio de movilización social y plataforma logística. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la “hermandad histórica” con Cuba, amplificadas por la diplomacia de La Habana, se combinaron con campañas impulsadas por legisladores de Morena y con eventos culturales de alta visibilidad, como el Maratón Antifascista en el Monumento a la Revolución. Al mismo tiempo, las colectas y acopios reforzaron el apoyo material.
Más allá de México, el monitoreo muestra una intensificación de la actividad en América Latina, con dinámicas distintas por país pero convergentes en su efecto político.
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En Colombia, las marchas en Bogotá y el envío de un avión con ayuda humanitaria a La Habana reflejan cómo la solidaridad se traduce en cooperación material. A ello se suma el pronunciamiento de médicos graduados en Cuba, ejemplo del capital político que generan las redes educativas.
Brasil presenta un apoyo más institucionalizado: el Partido de los Trabajadores aprobó mociones de respaldo y promovió iniciativas de cooperación energética, incluido el envío de paneles solares, reforzando la integración del apoyo dentro de estructuras partidarias.
En Argentina, el respaldo combina pronunciamientos de diputados y autoridades con campañas sociales y eventos, articulando legitimidad institucional con presencia en el espacio público.
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En paralelo, señala GAPAC, funcionan organizaciones que conectan a distintos actores. La reunión en Cuba, el pasado 19 de marzo, del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista muestra cómo estas plataformas articulan una narrativa común frente a la política estadounidense y el apoyo a La Habana.
En Europa, aunque con menor volumen de eventos, el papel es estratégico: mociones institucionales como la aprobada en la alcaldía de Roma, junto con movilizaciones en España y encuentros en Francia, proyectan respaldo plural. Al provenir de sistemas democráticos consolidados, estas acciones refuerzan la legitimidad internacional del régimen cubano.
Desplazar culpas
César Santos, investigador de GAPAC, señala que “Cuba ha sabido movilizar muy bien un aparato paradiplomático que no solo trabaja con gobiernos afines, sino también con actores sociales, políticos y económicos a nivel subnacional”. Bajo la apariencia de ayuda humanitaria, unidad latinoamericana y antiimperialismo, agrega, estas redes “terminan siendo instrumentales para el sostenimiento del gobierno cubano y su narrativa”.
En su opinión, este entramado busca que La Habana mantenga “sus narrativas a flote en el plano internacional”. Santos explica que la estrategia desplaza la responsabilidad de la crisis de legitimidad y de las fallas del modelo económico hacia actores externos, “en especial Estados Unidos, con el discurso del bloqueo y el cerco estadounidense”.
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Estacionamiento privado en La Habana
AP
Desde su punto de vista, aunque las sanciones impuestas por Washington “están dando combustible al régimen cubano para que afiance su discurso y sus redes de apoyo expresen el repudio a Estados Unidos”, al interior de la isla la presión de Trump —respaldada por Marco Rubio, un secretario de Estado abiertamente anticastrista— ha generado otro efecto: “la población cubana quizás esté más decidida que nunca a que haya un cambio”.
Crece la presión al régimen
El 29 de enero, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que “directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba”. La medida, en un contexto en que Venezuela había dejado de enviar crudo a la isla, agravó la escasez de combustible.
El 1 de mayo, otro decreto abrió la puerta a sanciones contra bancos extranjeros que colaboren con el gobierno cubano. Y el 7 de mayo, el golpe alcanzó a GAESA, el conglomerado de empresas controlado por militares y pieza clave de la economía de la isla, así como a Moa Nickel, la compañía conjunta entre la canadiense Sherritt International y La Habana. La reacción fue inmediata: Sherritt anunció su retiro del proyecto.
Creada en los años 90 bajo control de las Fuerzas Armadas, GAESA surgió como respuesta a la crisis provocada por la caída de la Unión Soviética. La idea fue construir una compañía eficiente bajo la disciplina militar. Hasta su muerte en 2022 la dirigió el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Raúl Castro. Tras su fallecimiento, la conducción pasó a la general Ania Lastres, quien fue incorporada a la lista de sancionados por Washington.
Marco Rubio afirmó en un comunicado que “con un control estimado del 40% o más de la economía de la isla, GAESA opera en diversos sectores de la economía cubana y está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de sus élites corruptas”.
Washington ha justificado su ofensiva con el señalamiento de que el régimen cubano se alinea con países hostiles y acoge capacidades militares y de inteligencia extranjeras. En la isla, afirma, operan las mayores instalaciones rusas de señales en el exterior, dedicadas a obtener información sensible de seguridad nacional estadounidense. Además, ofrece refugio a grupos terroristas transnacionales como Hezbolá y Hamás, y “respalda a adversarios en el hemisferio occidental”.
