De la Espriella, el abogado penalista que emergió como outsider de derecha, obtuvo un ajustado triunfo con menos de 1% de diferencia sobre Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, la coalición que agrupa a la izquierda. Cepeda, quien pudo asumir el liderazgo opositor, terminó desdibujado y dejó ese papel en manos de Petro, quien no acepta la derrota y denuncia un supuesto fraude “algorítmico” sin aportar pruebas, pero torpedeando la legitimidad del presidente electo.
Esta semana Petro insistió en que “estamos ante un fraude y ante la posesión de un presidente ilegítimo porque el que ganó se llama Iván Cepeda”. En su mensaje fue más allá: advirtió que en Washington, en el Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio, se temen consecuencias. “¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio, de Abelardo el breve. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, afirmó.
Cepeda, por su parte, ha llamado a la “desobediencia civil pacífica” y convocó concentraciones para el día de la toma de posesión en ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá.
Una oposición radical que no reconoce el resultado electoral intensifica el desafío de De la Espriella para sostener la gobernabilidad en un país dividido, donde lo estrecho de su triunfo —apoyado en la promesa de mano dura contra la criminalidad, la reducción del Estado, el alineamiento con la administración Trump y el trípode conservador de Dios, patria y familia— no es compartido por la mitad de los colombianos que votó por otro modelo de nación, sociedad y Estado.
Fuerza criminal
El Tigre, como De la Espriella se hizo llamar en la campaña electoral, quiso juramentarse en una base militar para enviar el mensaje desde el primer minuto de que combatir a los grupos armados y controlar el territorio guiarán su estrategia de seguridad, alineada con la agenda de Washington contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.
Petro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, se opuso, por lo que De la Espriella se juramentará en la Universidad Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, uno de los departamentos más convulsos del país por la extendida presencia de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que ejercen gobernanza criminal a través del narcotráfico, la explotación de oro y minerales críticos.
Este gesto simbólico marca un giro profundo. La política de paz total con la que Petro intentó desarmar las estructuras criminales mediante mesas de negociación que fracasaron da paso a una administración que exige rendición incondicional y se apresta a integrarse al Escudo de las Américas, la iniciativa de Estados Unidos para atacar al crimen organizado en el hemisferio occidental.
Derrotar a los grupos armados, aun con el apoyo de Estados Unidos, supondrá una lucha cruenta y prolongada. La Fundación Ideas para la Paz, dedicada al estudio del impacto del conflicto, advierte en su último informe que las estructuras criminales se han fortalecido, aumentando su número de combatientes y afianzando su control territorial.
“A diciembre de 2025, estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5% respecto a diciembre de 2024. En solo un año, más de 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones ilegales”, señala el informe.
Los grupos armados ya no solo disputan corredores estratégicos: ejercen gobernanza criminal, capturan instituciones locales y diversifican sus economías ilícitas, que mueven recursos equivalentes al doble del presupuesto de Defensa. A ello se suma la ventaja tecnológica —con cerca de 500 ataques con drones explosivos registrados desde 2023— y el debilitamiento del Estado, cuya Fuerza Pública perdió 60.000 integrantes desde 2021 y apenas conserva el 46% de su capacidad operativa.
De la Espriella ha planteado aumentar los bombardeos, retomar la fumigación de cultivos de coca y desplegar una ofensiva militar en las zonas donde el Estado no controla al territorio.
La consultora Colombia Risk Analysis advierte que “este enfoque no necesariamente reducirá el control territorial de los grupos armados en el corto plazo, pero sí intensificará el conflicto y sus consecuencias humanitarias. Es probable que fragmente estructuras, desplace rutas y aumente disputas locales por rentas ilegales”.
Desbalance fiscal
Petro entrega una economía en crecimiento, con la pobreza reducida a 28%, el nivel más bajo en su historia, y una tasa de desempleo que cerró abril en 8,8%, uno de los mejores registros en años. El problema es que buena parte de estos resultados obedecen a una expansión del gasto público y del endeudamiento, lo que ha creado un cuadro preocupante que obliga a tomar medidas para evitar que el desequilibrio se agrave y comprometa la estabilidad.
En 2025 el gasto del Estado superó el ingreso en el equivalente a 6,4% del PIB, uno de los desajustes más profundos de la historia reciente. En paralelo, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), centro de estudios económicos, la deuda total del Gobierno representó 64,4% del PIB, la proporción más alta desde 1999 si se obvia el año de la pandemia.
Agencias calificadoras han reducido la nota de Colombia, enviando una señal clara a los inversionistas: prestar dinero al gobierno es ahora más riesgoso. Esa percepción tiene consecuencias inmediatas, pues cuando la confianza se debilita el país se ve obligado a endeudarse a tasas de interés más altas, lo que incrementa aún más el costo de financiar al Estado.
El gasto público ha impulsado el consumo
EFE
En diciembre, Fitch —que junto a S&P y Moody’s integra el trío de las calificadoras más influyentes— rebajó la nota de Colombia. La agencia justificó la decisión en los “persistentes déficits fiscales de gran magnitud”, que harán que la deuda continúe creciendo y se distancie del promedio de países con calificación similar.
El Fondo Monetario Internacional señaló en su último informe que Colombia necesita con urgencia un ajuste fiscal “decisivo y creíble” para recuperar la confianza, reducir los costos de endeudamiento y mejorar el manejo de la política económica.
La receta
El pasado 2 de julio, De la Espriella afirmó: “La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”.
“El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darles oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal”, agregó.
Los mercados han premiado a De la Espriella con un voto de confianza y las tasas de interés a las que se endeuda el Gobierno han retrocedido. El optimismo se sustenta en sus promesas de reducir en 40% el tamaño del Estado y lograr que la economía, que creció 2,5% en 2025, alcance tasas de expansión de 7% anual.
Analistas advierten que el camino no será fácil. Recortar el tamaño del Estado implicaría un aumento del desempleo, además de que resulta poco realista reducirlo drásticamente en poco tiempo. A su vez, una disminución significativa del gasto público se traduciría en menor crecimiento, con impacto directo en las cifras de pobreza. Está por verse si De la Espriella logra asumir los costos políticos y sociales de equilibrar las finanzas públicas.
