La administración de Donald Trump, que el pasado 3 de enero capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para juzgarlo por narcotráfico, ejerce un tutelaje sobre el gobierno de Delcy Rodríguez y respaldó la campaña de Abelardo de la Espriella. En sintonía con esa alianza, el presidente electo anunció su decisión de sumarse al Escudo de las Américas —la iniciativa de Washington para atacar al crimen organizado en la región— y, a través del vicepresidente Juan Manuel Restrepo, dejó en claro que la relación con Venezuela se moverá al compás de la Casa Blanca.
“La relación entre Colombia y Venezuela en el mediano plazo se definirá por la interlocución entre sus Gobiernos y el manejo de la seguridad, la energía, el comercio y el sector empresarial, y la migración y la cooperación internacional. La ausencia de una política exterior de Estado colombiana hacia Venezuela aumenta la vulnerabilidad del país frente a estos ejes”, señala el documento.
Añade que “actualmente, esa fragilidad es mayor porque Estados Unidos define buena parte de los incentivos económicos, energéticos y de seguridad sobre Venezuela”.
Zona dorada
A pocas horas de la captura de Nicolás Maduro, Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, apareció exultante junto a Donald Trump en el Air Force One. “Tienen acero, tienen minerales, todos los minerales críticos”, proclamó, aludiendo a Venezuela, el país que Washington acababa de alinear con su estrategia de dominio del hemisferio occidental.
Al poco tiempo el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aterrizó en Caracas acompañado de veinte representantes de empresas mineras. Su objetivo: establecer condiciones para iniciar operaciones en los yacimientos venezolanos que concentran unas 644 toneladas de oro en la región de Guayana y albergan recursos incluidos por Washington en su lista de minerales críticos, esenciales para fabricar armas, automóviles, computadoras y la industria aeroespacial.
Delcy Rodríguez junto al secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum
AFP
Este interés central de Washington se inscribe entre las prioridades de seguridad. La explotación minera enfrenta un obstáculo decisivo: desplazar a los grupos armados —entre ellos la narcoguerrilla colombiana del ELN y las disidencias de las FARC— que controlan yacimientos de oro, coltán y otros minerales en Guayana, al sur de Venezuela, una región marcada por la violencia y la ilegalidad.
El 13 de junio, Estados Unidos lideró una operación que culminó con la muerte en Guayana de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder del Tren de Aragua. Días antes, la Fuerza Armada de Venezuela se desplegó en zonas cercanas donde el ELN y otras estructuras criminales ejercen la minería ilegal en el llamado Arco Minero.
Si la seguridad venezolana se reorganiza alrededor de las zonas de interés extractivo, las operaciones en el Arco Minero no eliminan la ilegalidad, sino que la desplazan. Colombia Risk advierte que en ese escenario “es probable que las operaciones en el Arco Minero desplacen actores, mandos y rentas hacia zonas fronterizas con Colombia, incluyendo Vichada, Guainía y Amazonas”, con altos riesgos “de abuso, afectaciones ambientales y gobernanza híbrida”.
Mayor tensión
De la Espriella prometió romper con el plan de Paz Total impulsado por Gustavo Petro, un proyecto que buscó desarmar simultáneamente a la narcoguerrilla y a las estructuras criminales mediante mesas de diálogo, para adoptar una política antidrogas de línea dura que se plantea aumentar los bombardeos, retomar la fumigación de cultivos de coca y desplegar una ofensiva militar en las zonas donde el Estado no controla al territorio.
“Este enfoque no necesariamente reducirá el control territorial de los grupos armados en el corto plazo, pero sí intensificará el conflicto y sus consecuencias humanitarias. Es probable que fragmente estructuras, desplace rutas y aumente disputas locales por rentas ilegales”, señala el informe de Colombia Risk Analysis.
El escenario previsible es mayor tensión a ambos lados de la frontera, y aún está por verse si la Fuerza Armada venezolana, bajo presión de Estados Unidos, enfrentará de manera frontal a los grupos armados colombianos que se refugian en su territorio.
Los negocios
Bajo el tutelaje de Estados Unidos, que busca normalizar la economía y eventualmente abrir paso a una transición democrática, Venezuela ha regresado al radar de los inversionistas colombianos. La miran como socio natural para expandir sus operaciones y captar un mercado que, al ritmo de la recuperación de la producción petrolera, debería crecer en los próximos años.
En una señal de que para De la Espriella la relación comercial también es relevante, el presidente electo designó como nuevo embajador en Caracas a Jorge Jaller, abogado que desarrolló una carrera de dos décadas en el Grupo Éxito —propietario de las tradicionales marcas de supermercados Éxito y Carulla en Colombia—, donde llegó a ser vicepresidente de Retail.
Hace dos semanas, Nutresa —el grupo colombiano y uno de los principales productores de alimentos procesados de América Latina— acordó la compra de Industrias Tío Rico, el mayor fabricante de helados en Venezuela. Fuentes explican que distintos conglomerados han enviado ejecutivos a Caracas para explorar opciones como joint ventures, representaciones de marcas o inversión directa.
La relación comercial es ampliamente favorable a Colombia. En los primeros cinco meses, las empresas colombianas exportaron bienes como plásticos y confitería por 479 millones de dólares, mientras que las venezolanas apenas colocaron productos por 49 millones de dólares.
La sombra de Saab
La figura de Alex Saab conecta directamente a Abelardo de la Espriella y a Delcy Rodríguez con el corazón de las finanzas chavistas. Saab, quien tuvo como abogado personal a De la Espriella, se convirtió en el operador clave del régimen de Nicolás Maduro. Colombiano con nacionalidad venezolana, llegó a ocupar el Ministerio de Industria entre el 18 de octubre de 2024 y el 19 de enero de este año, cuando Rodríguez, ya al mando como presidenta encargada, lo destituyó y posteriormente lo deportó a Estados Unidos el 16 de mayo, donde enfrenta cargos de corrupción.
“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, dijo el gobierno venezolano.
Saab ha sido acusado de participar en diversos esquemas de corrupción en Venezuela, desde el desvío de fondos para la construcción de viviendas hasta la importación de alimentos y la creación de una red de empresas registradas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Pero, como señalan fuentes financieras, su papel esencial fue convertirse en el operador de Nicolás Maduro para evadir las sanciones de Washington.
Entre 2013 y 2019, Abelardo De la Espriella representó legalmente a Alex Saab, entonces ya convertido en uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro. Durante la campaña electoral, el hoy presidente colombiano recordó que le advirtió a Saab: “Soy tu abogado, siéntate con los americanos y coopera. Lo senté con las agencias americanas”. Según De la Espriella, Saab no tomó en serio la recomendación y la relación profesional terminó.
Saab por su parte definió a De la Espriella en 2021 como “un gran abogado y amigo”.
