7 de enero 2026 - 14:52hs

La intervención militar en Venezuela desató un intenso debate jurídico global sobre la legalidad de la operación ordenada por la administración Trump para capturar a Nicolás Maduro. Para legitimar la incursión, la Casa Blanca citó como caso de éxito el antecedente de Panamá, donde un 3 de enero, pero 36 años antes, fuerzas estadounidenses detuvieron al entonces dictador Manuel Noriega después de haber invadido el país centroamericano el mes anterior.

"Es innegable que la región pasó a ser más estable", afirmó el embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz. Sin embargo, expertos afirman que, aunque existen similitudes evidentes, persisten diferencias notables entre ambos casos que podrían representar un peligroso quiebre del orden global.

"Estados Unidos ejecutó con éxito y precisión quirúrgica un operativo de aplicación de la ley contra dos prófugos de la justicia federal: el narcoterrorista Nicolás Maduro y Cilia Flores", sentenció Waltz este lunes en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Con el objetivo de defender la legalidad de la acción, el embajador insistió en que "no hay ninguna guerra contra Venezuela", sino que se trató de "un operativo policial para dar cumplimiento a imputaciones legítimas vigentes desde hace décadas". Tras lo cual puntualizó que Maduro no poseía el título de jefe de Estado, sino que era un "presidente ilegítimo".

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A continuación, el diplomático hizo un paralelismo con la última intervención militar estadounidense en Latinoamérica. "En 1989 se realizó una acción similar contra Manuel Noriega. Fue arrestado, acusado formalmente y condenado en un tribunal de justicia, y cumplió pena de prisión en Estados Unidos y en Panamá", afirmó, y sostuvo que "como resultado de eso, el pueblo panameño, al igual que el pueblo estadounidense, están más seguros".

Un déjà vu geopolítico de la región

La última gran intervención militar de Washington en suelo latinoamericano tuvo lugar entre 1989 y 1990. En aquel entonces, la Casa Blanca lanzó la Operación "Causa Justa" contra Noriega, quien encabezaba un gobierno de facto en el país desde 1983 y había desconocido los resultados electorales de principios de 1989.

En un contexto de máxima tensión, Estados Unidos buscaba asegurar el control total del Canal de Panamá, mientras acusaba al militar de narcotraficante y colaborador del Cártel de Medellín, cuestiones que "atentaban contra los intereses estadounidenses" en la región.

Manuel Noriega arresto

La escalada alcanzó su punto crítico cuando Noriega declaró formalmente el "estado de guerra" en diciembre del 89. En respuesta, la administración de George H.W. Bush desplegó a 20.000 soldados y lanzó una invasión sobre el territorio panameño para capturar al mandatario, una operación en la que murieron decenas de civiles.

Después de semanas de asedio y de refugiarse en diversos puntos de la capital, Noriega decidió entregarse a los marines el 3 de enero de 1990.

Manuel Noriega

El militar fue extraditado a Miami y procesado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, consolidando el precedente histórico de que un jefe de Estado latinoamericano podía ser llevado ante tribunales estadounidenses. Aunque fue absuelto de los cargos específicos por el ingreso de marihuana y cocaína, recibió una condena de 40 años de prisión bajo el estatus de prisionero de guerra, pena que luego se redujo a 30 años por buena conducta.

La intervención militar en Panamá se prolongó hasta finales de enero, abriendo paso a las elecciones de mayo de 1990. El proceso culminó con la llegada al poder de Guillermo Endara, un dirigente conservador alineado con Washington. Su presidencia, que se extendió hasta 1994, estuvo marcada por una inyección de ayuda económica estadounidense que superó los 500 millones de dólares.

Una oposición lista para asumir

Tres décadas después de la caída de Manuel Noriega, la administración Trump parece haber rescatado el mismo manual de operaciones. El paralelismo es claro: las fuerzas de Estados Unidos capturaron a un líder latinoamericano profundamente impopular para que enfrente cargos federales por narcotráfico en suelo estadounidense. En ambos escenarios, Estados Unidos usó la fuerza para asegurar activos estratégicos en el hemisferio, específicamente el Canal de Panamá y los campos petroleros de Venezuela.

María Corina Machado 1. AP
María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega, Oslo.

María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega, Oslo.

Para el Departamento de Estado, Panamá representa un punto brillante en una historia de operaciones de Estados Unidos en América Latina. Washington utilizó la prosperidad económica y la estabilidad democrática que siguieron a la invasión de 1989 como uno de los argumentos centrales para legitimar la reciente incursión en Caracas. Según explicó a NPR el exembajador de EEUU en Panamá y diplomático de carrera John Feeley, aquel operativo resultó en "un sistema democrático con autodeterminación, transferencia pacífica de gobierno y una economía que realmente despegó".

Sin embargo, diversos expertos advierten que existen diferencias estructurales que desafían la validez de esta comparación histórica. El propio Feeley resalta que una de las razones principales por las que la operación en Panamá funcionó fue la existencia de una oposición política lista para asumir el mando de inmediato. Esto permitió que las tropas estadounidenses, miles de las cuales ya estaban estacionadas legalmente en la Zona del Canal, realizaran una transición rápida y abandonaran el territorio en poco tiempo.

Delcy Rodríguez. AFP
Delcy Rodriguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodriguez, presidenta encargada de Venezuela.

Esto contrasta con el escenario venezolano. Una vez se conoció la captura de Maduro, Trump afirmó que a partir de ese momento Estados Unidos "gobernaría" Venezuela hasta que sucediera una "transición segura, adecuada y juiciosa". Además, nombró a la vicepresidenta de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la cara visible con la que Washington negociará la transición.

El operativo reabre un complejo debate sobre la legalidad internacional, que generalmente prohíbe el uso de la fuerza salvo por autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o en legítima defensa.

Más allá de las fronteras regionales, la comunidad internacional observa con inquietud las repercusiones de este unilateralismo sobre el orden global. Algunos analistas sostienen que, si Washington no afronta consecuencias diplomáticas por su proceder en Venezuela, se podría debilitar irreversiblemente la capacidad de la ONU para sostener un sistema basado en normas, afectando la resolución de otros conflictos latentes en todo el mundo.

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