"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó este jueves la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado, en el que señaló que los aranceles se aplican en respuesta a investigaciones por no combatir lo suficiente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.
Los nuevos aranceles serán de un máximo de 12,5% e impactan en grandes economías, como China y la Unión Europea, pero también en países latinoamericanos como Brasil o Uruguay. En tanto, a socios comerciales como Argentina, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o México, se les aplicará un gravamen del 10%.
Las nuevas tarifas entraron en vigor este viernes, aunque los productos que ya están en curso de envío hacia Estados Unidos no se verán afectados si llegan a destino antes del 28 de julio.
Las herramientas legales para los nuevos aranceles
La guerra comercial lanzada al inicio de su mandato, que marcó un giro respecto a una política de décadas de aranceles más bajos y libre comercio, fue justificada por Trump con el argumento de que los persistentes déficits comercial que sufría Estados Unidos representaban una emergencia nacional.
Tras el revés en la Corte Suprema, que determinó en febrero pasado que el presidente republicano excedió su autoridad al imponer aranceles indiscriminados, Trump recurrió primero a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para determinar tarifas globales del 10%. Pero la Sección 122 solo autoriza aranceles por 150 días y en este caso vencían este 24 de julio.
El mes pasado, la USTR había anunciado la apertura de investigaciones vinculadas al trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Ésta le otorga al presidente poder para imponer -y ajustar- aranceles en respuesta a las prácticas comerciales de otros países, pero el gobierno primero debe cumplir con requisitos de procedimiento: recopilar comentarios y celebrar audiencias. No hay plazos para los aranceles de la Sección 301. Vencen después de cuatro años, pero pueden renovarse, consignó la agencia AP.
Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios. Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".
La administración Trump viene buscando alternativas legales para recuperar los ingresos fiscales que perdió por el revés judicial de febrero. Tras haber alcanzado un máximo de 31.400 millones de dólares por ingresos por impuestos a las importaciones en octubre pasado, los reembolsos que tuvo que pagar el Tesoro en devolución de aranceles le dejaron una factura negativa de 25.600 millones de dólares en junio.
Los aranceles van a la cuenta de las empresas estadounidenses que importan productos extranjeros. Por lo general, los importadores buscan trasladar los costos en forma de precios más altos al consumidor. Los nuevos gravámenes podrían implicar un salto inflacionario en EEUU, en medio del descontento de gran parte de la población por el costo de vida y a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Cómo afecta a los países en concreto
Algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos -como el acero y el aluminio- no serán impactados por los nuevos gravámenes. Determinados productos de energía y fertilizantes también estarán exentos, junto con bienes cubiertos por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), dijo un funcionario estadounidense a periodistas, según recogió la agencia. Greer justamente se encuentra en México para la tercera ronda de negociaciones para la revisión de ese acuerdo.
Greer con la presidenta Claudia Sheinbaum en México
AFP
Para Uruguay, los principales productos exceptuados son la carne bovina, pasta de celulosa, madera y naranjas, comentaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas a El Observador. En tanto, los principales artículos afectados son el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel. La cartera detalló que, a datos del 2025, el 77,5% del total de las exportaciones a Estados Unidos desde Uruguay está exceptuado.
Argentina, en tanto, quedó dentro de los países afectados por la tasa más baja, del 10%. Para el gobierno de Javier Milei, se debe a la buena relación que mantiene con el de Donald Trump, según medios locales, que destacaron además el acuerdo sobre comercio e inversión firmado en febrero por Greer y el canciller argentino, Pablo Quirno, en Washington, que reduce o elimina gravámenes.
Por su parte, el gobierno de México anunció que más del 80% de las exportaciones del país a Estados Unidos quedan exentas de este nuevo arancel.
Brasil es uno de los países más afectados por la guerra comercial de Trump. La semana pasada, Washington informó que implementará un arancel de 25% a las importaciones brasileñas por "prácticas comerciales desleales", al que se suma el 12,5% anunciado este jueves. De todos modos, la USTR había incluido una lista de excepciones para productos considerados estratégicos por Estados Unidos, como la carne, la fruta, el café, las aeronaves y las tierras raras, entre otros.
"A falta de una base legal interna para sustentar su política comercial proteccionista, el USTR optó por manipular un tema querido por los derechos humanos y la lucha de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales", señaló el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que rechazó la decisión de Estados Unidos, en un comunicado publicado en sus redes sociales en el que enumeró medidas tomadas por su país en relación al trabajo forzado.
Las reacciones a los nuevos aranceles
La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, también cuestionó la postura de Washington. "Si comparan nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, quiero decir, nosotros tenemos vacaciones pagadas, tenemos muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que no está realmente fundamentado", expresó Kallas en declaraciones a Channel News Asia.
Hace casi un año, la UE y Estados Unidos acordaron en Escocia un acuerdo para limitar los aranceles a un tope del 15%, umbral que se respeta en esta nueva andanada arancelaria de Trump.
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, dijo que el país "cuenta con sólidas instituciones laborales, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzado". El país también enfrenta un arancel del 12,5%.
El Ministerio de Comercio de Australia dijo que los nuevos aranceles son "injustificados" y "deberían eliminarse". Por su parte, el portavoz del gobierno de Japón dijo que el país "lamenta" la medida.
"Nos oponemos a cualquier tipo de medida unilateral en materia de aranceles", declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
También hubo rechazos a la decisión de parte de la oposición demócrata en Estados Unidos. "La justificación de hoy basada en los trabajos forzados es demasiado conveniente como para tomársela en serio", afirmó Richard Neal, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes. "El trabajo forzado es un problema real y generalizado en nuestras cadenas de suministro y exige una implementación seria. Nunca debería rebajarse hasta convertirse en un pretexto para una política arancelaria basada en teorías legales cuestionables y agravios personales", aseguró.
