Hasta ayer el régimen venezolano se encontraba en una posición comprometida; sin la credibilidad necesaria para hacer valer unos resultados favorables que no estuvieran firmemente sustentados, ni la posibilidad de obtener un aval externo que lo respalde. A partir del ocultamiento de resultados de mesa y de las imágenes de las actas electorales, ha generado un desenlace, y las escasas posibilidades de recuperar la institucionalidad se han pulverizado.
Fue un proceso largo durante el cual, con voluntad inquebrantable, el gobierno venezolano consagró la arbitrariedad como norma y el autoritarismo como justificación.
La credibilidad de los órganos electorales se sustenta en su apego a la ley, la transparencia de sus procederes, la apertura al control público y la fundamentación de su conducta. No solo en la jornada electoral sino a lo largo del complejo proceso de organización de la elección.
Cómo funciona un órgano electoral
Son muchos los aspectos en los que reposa la reputación de un órgano electoral: la regularidad de los padrones, o no privar a nadie de su derecho arbitrariamente; la inscripción de candidaturas, permitiendo la competencia entre fuerzas y candidatos sin limitaciones injustificadas; el desarrollo de las campañas, sin imponer restricciones a la expresión, la movilidad y el acceso a los medios de comunicación; el acceso irrestricto a la fiscalización y control de la logística y la tecnología electorales por parte de todas las partes contendientes y, por supuesto, el desarrollo pacífico de la jornada electoral, el recuento oportuno y certero de resultados, y el procesamiento y publicación de los mismos. Finalmente, toda elección debe tener instancias de revisión frente a protestas de alguna de las partes contendientes.
Estos requisitos se han incumplido escrupulosamente a todo lo largo de este proceso.
Un numero inmensamente significativo de residentes en el exterior excluidos de su derecho a votar; proscripción de la candidata más notoria de la oposición y de su primera sustituta. Restricciones materiales a las campañas y demonización del adversario desde el aparato gubernamental de medios. Una jornada electoral donde partidarios de las fuerzas gubernamentales hostigaron a votantes; restricciones de acceso al centro de cómputos para la oposición y, finalmente, tras un largo e injustificado silencio, la difusión de un resultado que no se sustenta en actas publicadas y la apresurada proclamación de un candidato al que el mundo le pide, infructuosamente, que exhiba sus credenciales.
En definitiva, la mala fe de cada acto preparatorio solo fue un adelanto de la mala fe de la consumación de una elección rodeada de inseguridades e incertidumbre.
La presunción de legalidad que rodea una elección cuando ella se desarrolla con apego a las normas, se invierte en este caso y, como consecuencia, les corresponde a las autoridades electorales demostrar lo que alega como resultado. Ello aún no ha pasado, y sería dudoso que ocurra a tantas horas de finalizados los comicios. Por lo tanto, más allá de la proclamación fáctica de un presidente, para la comunidad electoral estamos ante una elección que no está en condiciones de generar una autoridad legítima. Esta a punto de ser un proceso frustrado.
El papel sesgado de los observadores internacionales en Venezuela
Párrafo aparte merece la dimensión internacional de estos hechos. Normalmente la Observación electoral es un proceso técnico, llevado adelante por entidades reconocidas internacionalmente, con capacidad para determinar el apego a la legalidad y el cumplimiento de buenas prácticas electorales, que no hacen valoraciones políticas, sino que relevan el proceso electoral en su totalidad, en cada una de sus etapas.
Todo esto estuvo ausente. Escasa presencia de entidades con legitimidad o conocimiento y gran cantidad de grupos o individuos con orientación política determinada, circunstancia respetable pero no asimilable a la función que se les pretende atribuir, no conformando una masa crítica en condiciones de evaluar objetivamente la legitimidad de un resultado, y de ser testigos imparciales de una elección tan disputada.
En definitiva, desde la mirada de un experto, estamos ante un proceso inconcluso.
Finalmente, a última hora del lunes se produjo la única novedad valiosa en esta etapa post electoral: María Corina Machado anunció que cuentan con 73% de las actas electorales provistas por los testigos electorales (fiscales) y que el computo de los mismos consagra a Edmundo González Urrutia. Mas allá del resultado la oposición produjo un hecho “de Estado”, proveer al público y a la comunidad internacional de la fuente de la legitimidad de los resultados, las actas de escrutinio de mesa. A pesar de ello, una autoridad debe recoger el reclamo y validarlo. ¿Existirá quien se anime?
Acto final de un gobierno que destruyó su sistema electoral, la oposición, de verificarse la validez de estos documentos, estaría en condiciones de probar la mayor impostura de la política, la tentación suicida del fraude electoral.
